Hugo Chávez prometió antes de morir revisar la situación de los «presos políticos» en Venezuela y hasta llegó a hablar de reconciliación con quienes siempre llamó «políticos presos», pero su fallecimiento borró el tema del debate público para desespero de sus familiares.
Ni su heredero político, Nicolás Maduro, ni el candidato opositor Henrique Capriles han tratado el tema durante la campaña política para las elecciones del domingo, donde se elegirá al sucesor del líder socialista.
A continuación, los casos más emblemáticos de «presos políticos» y exiliados desde que Chávez asumió la presidencia en 1999:
MARIA LOURDES AFIUNI
En el 2009, en cadena nacional, el presidente Chávez pidió la pena máxima de 30 años para la jueza Afiuni por darle libertad condicional al banquero Eligio Cedeño -actualmente asilado en Estados Unidos- acusado de presunta corrupción en el manejo de dólares falsos.
«Bandida» le dijo el mandatario ante los 30 canales de televisión y 750 radios del país. Afiuni, de 48 años, fue conducida a los calabozos del servicio de inteligencia y luego a una cárcel de mujeres, donde recientemente confeso que fue golpeada con saña, violada y obligada a abortar.
Ella denunció que por las fuertes golpizas se le tuvo que extraer el útero y unos miomas en la axila y el seno. Desde febrero del año pasado, Afiuni cumple arresto domiciliario mientras su juicio se dilata mes tras mes.
IVAN SIMONOVIS Y LOS ACUSADOS DE PUENTE LLAGUNO
Un explosivo enfrentamiento entre opositores y seguidores del presidente Hugo Chávez en abril del 2002 condujo al breve golpe de Estado contra el mandatario y dejó una veintena de fallecidos en una fatídica jornada conocida como «los sucesos de Puente Llaguno».
Por los homicidios alrededor del puente, a solo 200 metros del Palacio presidencial de Miraflores, fueron detenidos el entonces secretario de Seguridad de Caracas Iván Simonovis, junto con ocho funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, entre ellos los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero.
Tras un dilatado juicio, en abril del 2009 Simonovis, Vivas y Forero fueron condenados a 30 años de prisión.
Simonovis, de 51, lleva ocho años preso en una pequeña celda de cuatro metros cuadrados en los calabozos del servicio de inteligencia, donde su salud se ha deteriorado progresivamente.
En diversas cartas públicas el ex comisario ha pedido su traslado a una clínica ya que tiene indicios de osteoporosis por la escasa luz natural que recibía: dos horas cada dos semanas.
El año pasado, a Forero y Vivas se les otorgó prisión domiciliaria por razones humanitarias.
Simonovis fue recientemente reubicado en otro centro de detención, decisión judicial que su familia calificó como una «sentencia de muerte». No se conocen cómo son ahora las condiciones de su reclusión.
RAUL BADUEL
Ministro de Defensa de Chávez entre 2006 y 2007 y Comandante General del Ejército entre 2004 y 2006, Baduel, de 57 años, encabezó la operación cívico-militar que restituyó en el poder al mandatario socialista tras el breve golpe de estado en su contra en el 2002.
Sin embargo, siete años más tarde Baduel fue arrestado por agentes de la inteligencia militar por supuestas sospechas de corrupción. En el 2010 fue condenado a ocho años de cárcel por apropiación de millones de dólares como ministro.
Baduel acusó a los ministros que lo precedieron del manejo de este dinero y aseguró que su encarcelamiento se produjo por oponerse a la reforma constitucional planteada por Chávez en el 2007 y que, finalmente, no fue aprobada por el pueblo.
PEDRO CARMONA
Empresario, economista y ex presidente del mayor gremio empresarial del país, Fedecámaras. Tras fuertes protestas comandadas por este gremio en abril del 2002 y el golpe de Estado contra Chávez, Carmona asumió como presidente de facto por un día.
Su primer decreto fue la derogación de la Constitución de 1999 aprobada por Chávez y la disolución de todos los poderes públicos, lo que fue visto con malos ojos por la población.
Diversos gobiernos de la región ignoraron su autoridad y al día siguiente, tras una operación cívico-militar, Chávez recobró el poder tras retornar desde la isla del Caribe donde lo mantuvieron preso.
Carmona, de 71 años, fue encarcelado por «rebelión civil» y luego puesto bajo arresto domiciliario, de donde escapó a la embajada de Colombia, país que luego le otorgó el asilo.
En Colombia se desempeña como docente de diversas universidades.
MANUEL ROSALES
De larga data en la arena política, Rosales ha sido dos veces alcalde del municipio de Maracaibo y gobernador del estado más poblado del país, Zulia.
Fue el principal adversario de Chávez en las elecciones del 2006, pero finalmente fue derrotado con una ventaja de 23 puntos porcentuales.
Tras el revés, Rosales se postuló a la alcaldía de Maracaibo, en Zulia, y fue nuevamente elegido. Sin embargo, un año más tarde, en el 2009, abandonó clandestinamente el país y solicitó asilo político en el Perú luego de que se le abriera un proceso judicial por enriquecimiento ilícito.
En diversas oportunidades Rosales, de 59 años, ha dicho que antes de ser juzgado ya el tribunal tenía preparada la sentencia condenándolo a 30 años de prisión.
Rosales calificó el proceso como «una venganza política de Chávez» quien durante la campaña presidencial del 2006 lo amenazó varias veces con meterlo preso y lo calificó de «mil veces desgraciado», «bandido», «corrupto» y «ladrón».
LOS MILITARES DE LA PLAZA ALTAMIRA
En octubre del 2002 -como preludio del recordado paro petrolero que dejó miles de millones de dólares en pérdidas- unos 14 militares se sublevaron en una plaza de un rico distrito de Caracas.
Los militares, que meses antes habían estado implicados en el golpe de estado contra Chávez, se declararon en desobediencia civil y llamaron a la insurrección contra el mandatario.
La toma fue apoyada por algunos políticos opositores y día a día más militares se unieron a la protesta hasta alcanzar unos 120 oficiales, entre activos y retirados.
El alzamiento no armado duró varios meses y terminó cuando un pistolero, que luego fue identificado y encarcelado, inició una balacera al azar matando a cinco personas entre civiles y militares.
La mayoría de estos oficiales se encuentran exiliados en Costa Rica y Estados Unidos.
TRABAJADORES DE PDVSA
En diciembre del 2002, días después de que se creara una mesa de diálogo para poner fin a las protestas que iniciaron a principios de año, la oposición, Fedecámaras y trabajadores de la industria convocaron a un paro petrolero por 24 horas.
Sin embargo, la huelga -que exigía la renuncia de Chávez- se mantuvo por dos meses paralizando la vital industria petrolera venezolana con millonarias pérdidas.
Chávez acudió a ex trabajadores de la estatal PDVSA para que hicieran funcionar nuevamente la empresa, lo cual se logró hacia fines de año, debilitando la huelga.
En enero Chávez logró el control total de PDVSA y despidió a 15.000 empleados por «sabotaje».
El saldo final llega a más de 30.000 trabajadores de la industria -entre directos e indirectos- despedidos y una sociedad venezolana más fracturada que nunca.
Tras la huelga, diversos trabajadores fueron acusados y conminados a pagar millonarias multas. Muchos de ellos emigraron a Estados Unidos y algunos a España.
