Empresarios siguen reclamando un sistema que satisfaga realmente las necesidades del mercado
Estamos en presencia de un nuevo pañito de agua tibia,
que disparó el precio no oficial a niveles nunca vistos
Tal como se había pronosticado inicialmente, una vez que se anunció la entrada en vigencia del Sistema Complementario de Administración de Divisas y sus características, tras los resultados de la primera subasta, celebrada entre el martes y el miércoles pasado, este instrumento ha resultado ser otro pañito de agua tibia que no va a resolver el problema de fondo, que no es otro que el control de cambio y la eliminación del mercado paralelo, que permitía a los empresarios e importadores, resolver en buena parte sus necesidades de divisas.
Aun cuando el precio real de la subasta se mantiene en secreto, se habla de Bs. 12,00 y 13,00 Bs/$, beneficiándose pocas empresas, y por supuesto el Ejecutivo con los 6,0 o 7,0 bolívares obtenido con esta nueva devaluación, superior al 135%, que se suma al 46,5% ya devaluado el pasado 8 de febrero, es decir que el gobierno ha devaluado la moneda en cerca del 200% entre febrero y marzo.
En esta oportunidad se convocó a la subasta sólo a aquellas empresas inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Administrado de Divisas y también en el Sistema Nacional Integrado de Administración de Divisas, con un monto de US$ 200 millones por semana, con una participación mínima de US$ 30.000 y una máxima del 1% del monto a subastar, es decir US$ 2.0 millones, cifra que resulta totalmente irrisoria, cuando históricamente se tiene información de industrias, como las del sector automotriz, e importadores de autopartes que mueven entre US$ 60,00 y US$ 100 millones, mientras otras como la industria de alimentos, realizan operaciones por montos que están muy por encima de los 2 millones de dólares máximos por empresas.
De mantenerse este esquema, el sector productivo privilegiado, tendría acceso en lo que resta del año alrededor de unos US$ 8.000 millones, cifra que está muy lejos de los montos importados por la economía en el 2005 que estaban en alrededor de los US$ 15.000 millones, y más lejos aún de las importaciones del año 2012 que alcanzaron a US$ 59.000 millones, de los cuales más del 47%, han sido importadas por el sector público.
La propia dirigencia de la empresa privada, admite que este volumen de importaciones es exagerado, ya que debido a la ausencia de controles eficientes, no se hace una revisión a posteriori de estos productos importados, lo que ha permitido detectar casos como las importaciones de chatarra que estaban siendo ingresadas al territorio nacional como maquinarias avícolas; así como la importación de vehículos de lujo por parte de personajes vinculados al Gobierno, presuntamente adquiridos con dólares preferenciales, sin pagar tributos internos, pero que nunca han sido investigados ni por el Seniat ni por la Contraloría General de la República, mucho menos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Estiman los empresarios que la economía venezolana, perfectamente puede mantener una fluidez en sus operaciones, con importaciones por el orden de los US$ 30.000 millones, pero siempre y cuando las divisas se otorguen a tiempo y en cantidades suficientes, ya que no es esto lo que ocurre y Cadivi sigue manteniendo demoras hasta de 220 días para aprobar y liquidar las divisas, teniendo deudas con proveedores del sector manufacturero nacional, por más de US$ 8.000 millones.
Por eso es que, ante la experiencia frustrada del Sicad, la empresa privada advierte que si no se busca un mecanismo rápido, fluido, que le dé transparencia y seguridad al mercado, realmente no se podrá resolver el problema de la producción y el desabastecimiento.
Cuestionan Órgano Superior
Por supuesto, desde el mismo momento en que se dijo que el Sicad estaría bajo la jurisdicción del Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario (Osposc), se encendieron todas las alarmas y se advirtió que había que manejar con mucho tino este tema tan sensible, sobre todo desde el punto de vista de la discrecionalidad que está presente y que pone en mano de los funcionarios, decisiones que son trascendentales para el buen funcionamiento y el éxito del Sicad.
En efecto, en su articulado se expresa que el Osposc “regulará los términos y condiciones de las subastas especiales de divisas provenientes de los ingresos petroleros en moneda extranjera”.
Asimismo, “determinará la metodología que estime conveniente para la adjudicación correspondiente”, pero allí no termina todo, también se advierte que el Órgano Superior “se reserva el derecho de adjudicar o no a cualquier empresa participante”.
De allí que voceros de la empresa privada hayan ratificado que las potestades del Órgano Superior, son “discrecionales” y le restan transparencia a este nuevo sistema, convirtiéndose en su principal falla.
De allí que exista el criterio generalizado de que la escasez de divisas que existe en este momento y la necesidad perentoria de las empresas para obtenerlas, no puede depender de los criterios de una instancia burocrática, donde la discrecionalidad de los funcionarios de turno será determinante.
Por supuesto que existe satisfacción entre los empresarios, por la puesta en vigencia del Sicad; sin embargo, la palabra fundamental es confianza, mientras el Estado no genere la confianza necesaria, llamando a los distintos sectores a buscar las alternativas para resolver los grandes problemas nacionales, la economía no alcanzará el dinamismo que todos estamos reclamando.
