En rueda de prensa, la directiva del Colegio de Abogados del estado Lara, comunicó la intención que tienen de visitar las instalaciones de la cárcel de Uribana, desalojada en enero de este año, a objeto de constatar si efectivamente realizan las reparaciones en el penal tal como lo prometió la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera.
La doctora Carmen Luisa Durán, manifestó la angustia de los familiares de los reclusos que fueron trasladados a 17 cárceles, de las 33 que existen en el país, luego de la exhaustiva requisa hecha por el Ministerio (pp) presidido por la exparlamentaria nacional. Visitar a un pariente privado de libertad en otro estado, dijo, representa un costo elevado.
Sin embargo, no es lo más delicado. La doctora Génesis Fernández, por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la región, manifestó que de acuerdo a lo anunciado para el momento del desalojo de los internos, el pasado 25 de enero, “en tres meses estarían de vuelta a Uribana, una vez cumplidas las reparaciones”.
El lunes próximo se cumplen dos meses de aquella situación violenta que dejó más de 50 fallecidos y, en este sentido, “es importante que tanto el Colegio de Abogados, como el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, lleven a cabo una inspección en la cárcel para así dar fe o no de los arreglos que fueron anunciados por la ministra Valera”.
Justicia
Seguidamente, el presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, doctor Enrique Romero, hizo un llamado al Poder Judicial a fin de que sean considerados los planteamientos hechos por los familiares de los internos de Uribana en pro de hacer justicia.
Alertó con respecto al hecho de que se agrava la situación de los procesados por el retardo en las audiencias correspondientes y movilizaciones de una ciudad a otro, “sin olvidar que los colegas del área penal también pagan las consecuencias al apartar a sus clientes de la zona donde son juzgados”.
Y lo que resulta aún más importante, acotó, también resultan perjudicadas las víctimas de esas personas que se encontraban en Uribana y aún no reciben sentencia: “Hay una población que sigue esperando por la justicia y no podemos negarles ese derecho”, expuso. Por último, criticó que “la mayoría de los jueces son provisorios; no tienen estabilidad en su cargo”, complicando aún más las decisiones en materia penal.
