La Organización de Estados Americanos (OEA) reunió este viernes en Washington a sus cancilleres para decidir el futuro del guardián de los derechos humanos regional, la Comisión Interamericana (CIDH), que ha alertado ante la posibilidad de que se afecte su funcionamiento.
La Asamblea General Extraordinaria comenzó a las 12H00 locales (16H00 GMT) para intentar cerrar un prolongado proceso de reformas de la CIDH, una hora más tarde debido a negociaciones de último momento, cuando aún existen persistentes diferencias entre los países, tras casi dos años de debate.
Diez cancilleres y el subsecretario de Estado norteamericano William Burns acudieron a la cita.
Ecuador y Nicaragua, que junto a Venezuela y Bolivia, son los países más beligerantes contra la CIDH, se mostraron escépticos momentos antes de la reunión de que se pueda poner punto final al proceso, ya que a su juicio aún quedas «distorsiones» que corregir.
«El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que años atrás defendió a los perseguidos, hoy, con frecuencia, ampara a golpistas, terroristas y criminales que sirven a los grandes centros de ultraderecha», manifestó el diplomático venezolano, Roy Chaderton
Por su parte el representante de Ecuador, Ricar5do Patiño señaló «Nosotros vemos con escepticismo los resultados que puedan provocarse en esta asamblea general extraordinaria y estamos planteando la posibilidad de que nos demos tiempo suficiente para tratar con seriedad y profundidad este asunto»
Un grupo de países, encabezado por Estados Unidos y Canadá, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, piden que el proceso culmine este viernes, al igual que un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales, que en la jornada reiteraron sus críticas al proceso, al que acusan de ser un intento velado de recortar las atribuciones e independencia de la CIDH.
La CIDH pide clausurar el proceso, para poder dedicarse totalmente a su labor de defensa de los derechos humanos.
La Comisión presentó esta semana su propio plan de reformas, con el cual asegura haber contestado a «todas y cada una» de las recomendaciones que le ha hecho la OEA, como más claridad en el otorgamiento de medidas cautelares o la ampliación de un polémico capítulo de su informe anual que hasta ahora era una especie de «lista negra», que ha incluido a Venezuela, Cuba y Colombia.
Pero Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua insisten en sus críticas y han sido la principal piedra de tranca para alcanzar un consenso en torno a un proyecto de resolución que fue arduamente negociado en los últimos días.
Estos países impulsan las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían prohibir la financiación de la CIDH fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión.
Pero el proyecto de resolución de la OEA se limita a comprometerse al «pleno financiamiento» de su sistema de derechos humanos, y hasta que eso suceda permite fondos externos, y supedita el fortalecimiento de las relatorías a «un financiamiento adecuado».
El presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, alertó el jueves contra un «estrangulamiento» financiero si se le impide buscar donantes extrarregionales, al tiempo que volvió a insistir en que los fondos que le otorga anualmente la OEA son insuficientes.
La OEA, con 34 miembros activos, financia la mitad de su presupuesto de 9,5 millones de dólares, mientras que el resto proviene de cooperación internacional, pero la Relatoría sobre Libertad de Expresión se mantiene exclusivamente con donaciones.
Insulza propuso el año pasado crear un fondo de capital de 100 millones de dólares para la Comisión y la Corte Interamericana, el otro órgano de derechos humanos de la OEA, pero la iniciativa aún no ha sido estudiada por los miembros.
Los países latinoamericanos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, ven a la CIDH como un ente que responde a intereses estadounidenses.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó días atrás con retirarse de la CIDH, mientras que Venezuela ya denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que supone que a partir de septiembre no reconocerá la jurisdicción de la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica.
Para abandonar la CIDH, un país debe salirse de la OEA.
