Trabajadores administrativos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) organizaron una asamblea para estudiar y exigir mejoras en sus salarios. Alrededor de 60 empleados participaron en la reunión.
Rubén Darío Albornoz, presidente de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UCLA (Ataucla), declaró que están organizando reuniones para formular un llamado de conciencia por parte de los trabajadores sobre la situación económica que afecta la calidad de vida en los empleados universitarios.
“Nosotros queremos que todo el personal de la universidad tenga sentido de pertenencia con la universidad, que luchen por cada una de las medidas arbitrarias impuestas por el gobierno nacional. Es inconcebible que un trabajador esté ganando 500 bolívares mensuales. El bolsillo del trabajador universitario es pobre y escaso, debido a la elevación de la inflación”.
También exigió a los profesores y personal obrero de la institución que participen en cada una de las asambleas organizadas por este componente laboral, inclusive, manifestó que no muestran preocupación en torno a sus garantías económicas.
Los asistentes a la reunión procedieron a la elaboración de un nuevo contrato colectivo, el cual fue entregado al Ministerio del Trabajo hace unos meses.
“Esa situación nos tiene preocupados porque a nivel nacional existe mucha apatía en los profesores y obreros. Es momento de subir nuestro sentido de identidad con la nación. No sólo a 60 personas les debe preocupar las circunstancias económicas”.
La presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), Deborah Velásquez de Valecillos, declaró a este rotativo que desconocía las medidas implementadas por los empleados administrativos.
Insistió en que que la lucha debe ser mancomunada entre todos los departamentos.
Entretanto, los trabajadores levantaron la acción de protesta que tenía como punto de encuentro el rectorado de la universidad. Realizaron las mesas de trabajos para la recolección de firmas entre todos los asistentes. Tiempo después, regresaron a sus puestos de trabajo, a fin de evitar el llamado a paro administrativo.
Los trabajadores exigen el 150% de la recuperación del poder adquisitivo, a fin de recuperar los problemas económicos. En total, serían 2.000 trabajadores activos y jubilados perjudicados.
