Familiares que permanecen en las adyacencias de la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda denuncian irregularidades en el servicio prestado por quienes conducen ambulancias y hacen traslados.
Estacionan las unidades de salud en la salida de la emergencia, prestan el servicio de traslado a los pacientes que acuden a otro centro médico, ya sea remitido por un examen necesario para seguir siendo atendido en el hospital, o por la necesidad de buscar una mejor atención en otro complejo asistencial.
Un equipo de esta casa editorial acudió hasta el lugar para constatar la denuncia y verificar las tarifas que cobran algunos conductores y sus ayudantes.
Uno de los conductores de una unidad identificada con el logotipo de otro centro asistencial privado del este de la ciudad, al ser consultado, confirmó que la tarifa rondaba entre los 400 y 700 bolívares, dependiendo del destino que tenga previsto el paciente afectado.
La anarquía se impone en los adyacencias del primer centro asistencial de la región, debido a que los servicios de traslado de pacientes no están tarifados, lo que trae consigo que se ofrezcan diferentes precios, ninguno de los cuales es solidario.
Las unidades rotuladas con el logotipo de la Gobernación del estado Lara no cobran por dicho servicio, pero sí solicitan que los familiares tengan previsto la segura atención en el centro asistencial al cual se dirigirán, ya que “no nos podemos estar moviendo por toda la ciudad.
No obstante, quienes no dependen de la Gobernación sí cobran porque esperan a que sean atendidos o van a otros sitios”, indicó.
Familiares afectados por esta improvisación vuelta Ley piden sincerar los costos de un traslado, debido a que son personas de bajos recursos que acuden al centro público por no poder acudir a una clínica privada.
