Ante el nuevo escenario electoral que se plantea, las empresas transnacionales que operan en Venezuela y que están afiliadas en la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), plantean como una materia de alta prioridad, que el nuevo Gobierno que sea electo el próximo 14 de abril, debe propiciar reglas claras y rescatar la confianza para que vuelvan a fluir las inversiones hacia el país.
En efecto, desde hace mucho tiempo la economía está debilitada en su capacidad de ofrecer productos, no se han registrado en los últimos años nuevas inversiones, que en su mejor momento llegaron a representar un 18% del PIB, mientras que en este momento apenas si alcanzan a un 4% del PIB. Se ha hecho crecer enormemente la capacidad de consumo y de demanda de la población, casi cuatro veces en diez años, mientras que ha ido mermando progresivamente la producción.
Por lo tanto se impone revertir esta tendencia, garantizar a las empresas extranjeras que inviertan en el país, las posibilidades de repatriar sus ganancias, no como ocurre en estos momentos cuando empresas foráneas tienen represados recursos por este concepto, por encima de los US$ 12.000 millones, amén de otros US$ 10.000 millones que les adeuda el Estado por las empresas que han sido confiscadas y no se les ha pagado aún lo establecido en la normativa legal vigente.
En los mercados financieros internacionales existe el criterio, aceptado por todo el mundo, que indica que los capitales no tienen nacionalidad, además son cobardes y solamente van donde existen reglas claras del juego, seguridad jurídica garantizada, estímulos fiscales atractivos y que no existan amenazas constantes contra la propiedad privada, requerimientos que son fundamentales y que se han perdido en el país desde hace mucho tiempo, sin que exista, al parecer, ninguna intención por parte de quienes impulsan el Socialismo del Siglo XXI, de cambiar este modelo para que haya una economía de mercado, donde sea la oferta y la demanda la que rija su comportamiento, se eliminen los controles y haya una verdadera apertura económica, restituyendo la competencia que en estos momentos brilla por su ausencia.
Venezuela se mantuvo durante muchas décadas, como uno de los principales polos de atracción de la inversión extranjera, permitiendo la expansión de la industria petrolera, petroquímica, de las industrias básicas y el crecimiento de la infraestructura, contando además con recursos naturales, energía, modernas ciudades y un recurso humano calificado. Lamentablemente, después de 1999 se produjo un cambio de 180 grados en el diseño y aplicación de las nuevas políticas económicas, dando comienzo a un proceso de destrucción progresiva del parque industrial nacional, la invasión y ocupación de tierras agrícolas y ganaderas, así como de industrias en plena producción, acción calificada por gremios empresariales como un “cerco al sector privado nacional”.
Se refleja hoy en día el impacto de estas políticas, en el cierre de más de 7.400 empresas, que dejaron de producir bienes y servicios, que fueron sustituidos por importaciones, que comenzaron a crecer desde US$ 13.000 millones en los primeros años de la actual administración, hasta US$ 56.000 millones durante el año 2012, según las cifras oficiales, de los cuales más del 45% fueron realizadas por el Estado venezolano.
Sin confianza
no hay inversión
Los empresarios extranjeros confían en que con un nuevo Gobierno, retorne la confianza, pero este también ha sido el clamor permanente de los empresarios nacionales, muchos de los cuales han mantenido sus planes y proyectos de expansión en el congelador, a la espera de que se aclare el panorama y se defina hacia dónde irá el país, pero se han quedado sin respuestas; por el contrario, a medida que ha venido pasando el tiempo las acciones en contra de la empresa privada se profundizan.
El Estado, cuya evidente intención es asumir el control de los medios de producción en la mayoría de las actividades, en estos momentos ya tiene en sus manos más del 50% en las áreas de producción y comercialización de actividades hoteleras, aéreas, alimentos, agricultura, cemento, acero, tecnología, telecomunicaciones, radio, televisión, puertos, construcción, manufactura e hidrocarburos; pero históricamente ha demostrado ser un pésimo gerente y así lo evidencian las cifras en rojo que arrojan la mayoría de estas empresas, con la muy honrosa excepción de la Cantv, porque hasta Pdvsa está pasando aceite.
Los problemas que tienen que superar las transnacionales que operan en el país, son similares a los que viven en forma constante los empresarios nacionales: engorrosa permisología, ineficiencia portuaria, demoras en la aprobación y liquidación de divisas, y en el otorgamiento de las licencias de exportación e importación, todo lo cual encarece los costos de producción en forma significativa.
La crisis de confianza que actualmente vive el país, es inocultable, ha estado en el primer plano de la opinión pública nacional en los últimos días, siendo objeto de pronunciamientos tanto de diversos sectores de la vida nacional, conscientes de la importancia de la inversión, especialmente la extranjera, y el impacto que esta ha tenido en naciones vecinas como Colombia, Perú, Chile, Brasil en el crecimiento y expansión de sus economías.
