La orden dada por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Luis Reverol, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas para practicar la detención de la ciudadana Lourdes Alicia Ortega Pérez, de 53 años y residenciada en Barquisimeto, por haber escrito un mensaje sobre la muerte del Presidente Hugo Chávez, “obedece al miedo”, según la opinión de la ex directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Gloria Cuenca.
La respetable comunicadora social al ser entrevistada -vía telefónica por reporteros de EL IMPULSO- en torno a este caso, manifestó que “ellos (los funcionarios de alta responsabilidad del Ejecutivo Nacional) están aterrorizados de que se les murió el comandante Chávez y ahora tienen que recurrir a cualquier tipo de expediente”.
La represión contra esa señora me parece sumamente exagerada, expuso. Que la hayan puesto presa por haber escrito un comentario es un hecho que llama la atención porque, simplemente, está haciendo uso de un derecho establecido en la Constitución de la República, como es el de la libre expresión del pensamiento.
Ahora bien, pregunto, ¿cómo se metieron en el twitter de esta ciudadana si el propio gobierno dice que tiene 12 seguidores? Aquí lo que se evidencia es que el gobierno trata de intimidar, de aterrorizar, a la gente.
Pero, lo que refleja esa conducta del Ejecutivo Nacional es que tiene mucho miedo, porque los funcionarios saben que sin contar con la presencia activa de Hugo Chávez les cuesta mucho trabajo que la gente siga y, entonces, parece que van a escoger el camino de la represión.
Si a esta señora se le señala de utilizar su cuenta de twitter como desestabilizadora, entonces, hay que imaginarse qué se espera para quienes opinamos tan duramente sobre el gobierno.
Liberada la twittera
Se logró saber extraoficialmente, sin poder confirmar la versión, que la juez de control número 6 del circuito judicial del estado Lara, una vez que conoció del caso de la ciudadana Lourdes Alicia Ortega Pérez, dictaminó delito de transmisión de información que genera pánico a la población y acordó la libertad de la detenida, imponiendo la presentación al tribunal cada treinta días. La acusada tuvo como defensora a una sobrina abogada que vino de Caracas para actuar en la audiencia celebrada ayer.
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