Todavía no han terminado los funerales por la muerte del presidente Hugo Chávez Frías, cuando ya desde el oficialismo se pretende arrancar con otra historia plagada de ilegitimidad.
El Tribunal Supremo de Justicia, puesto a convalidar y revestir de legalidad cada desafuero del Ejecutivo, primero “interpretó” artículos que estaban demasiado claros en la Constitución Nacional, como el 231, el cual prescribe que el período constitucional comienza el 10 de enero, con el juramento del Presidente electo ante la Asamblea Nacional, o, en su defecto, en el TSJ. Asimismo el 233, que manda que cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, como en este caso, se procederá a una nueva elección dentro de los treinta días consecutivos siguientes, y “mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.
Pero el TSJ, en un galimatías mediante el cual ratificó su subordinación a los amos del poder, dispuso, en su versión libre de la Carta Fundamental, que como se trataba de un Presidente reelecto, el período constitucional anterior quedó empatado con el siguiente y, además, se podía prescindir del juramento. Era un formalismo inútil, accesorio, colocado allí por no dejar.
Y ahora, de cara al escenario de la desaparición del Presidente reelecto, la aberración se abulta. Esta vez el más alto tribunal de la República decide que Nicolás Maduro, quien fungía como vicepresidente en el período precedente y lo siguió siendo en el que se inicia, sin que exista constancia de que Chávez lo ratificó en el cargo, asume la Primera Magistratura, con todas las atribuciones, sin haber sido ungido por los votos del “soberano”; y, peor aún, podrá ser Presidente encargado y candidato presidencial a un mismo tiempo. La Sala Constitucional ordena al CNE que acepte la candidatura de Maduro. ¿Puede dudar alguien, por lo demás, que así será?
Pero el quebrantamiento del derecho y la moralidad no se quedan ahí. El ministro de la Defensa, almirante Diego Molero, en pleno funeral por el descanso eterno del Presidente, presentó su luto con una descarga de fanatismo intolerable. Dijo que la FAN estará al servicio de la candidatura de Maduro, para “darle en la madre a toda la gente fascista de este país”. Los soldados y las armas de la patria, como aprestos de una bandería política. No es eso lo que dice la Constitución (artículo 328): “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política (…) En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Es lo que reza, literalmente, la Constitución, pero que a nadie se le ocurre pedirles una interpretación a los honorables magistrados del TSJ.
De manera que la historia se repite. El oficialismo reedita sus abusos, ya con un mayor dominio en cuanto a las técnicas de la manipulación. Es de esperar, eso sí, que las fuerzas democráticas no insistan, por su lado, en carecer del coraje a la hora de exigir garantías. Ya se sabe sobradamente a qué clase de descalabros conduce el gesto de aceptar cabizbajos las condiciones impuestas por el ventajismo del Gobierno y su partido, así como por la descarada parcialidad de los órganos del Estado. Si la historia se repite, el final debe ser otro.
