Una de las grandes creaciones jurídicas de la civilización occidental, es la figura del juez. Un tercero imparcial, dotado de autonomía, estabilidad e independencia, y con la suficiente potestad para proteger a los seres humanos frente a las arbitrariedades del poder, tanto del público como del privado. Una sociedad sin jueces independientes, es una sociedad vulnerable a la arbitrariedad y a los caprichos de los “poderosos”.
En la evolución de la figura del juez, el Derecho Constitucional y el Derecho de los Derechos Humanos, marcan un hito: todo juez es un juez competente para proteger los derechos, garantías y principios constitucionales, así como la dignidad y valores ínsitos en los derechos humanos.
Un juez que comprenda esta dimensión de su cargo, se convierte en un bienhechor de la humanidad entera y en un impulsor de la civilización, pues agrega más humanidad a un mundo que no termina de abandonar el abuso y el dominio del más fuerte, como modos de estar en sociedad.
Desafortunadamente, en nuestro país, esa índole de juez, de juez sensible constitucional y humanamente, pareciera estar desterrado desde hace mucho tiempo. Ese destierro de la sensibilidad judicial por la integridad de la Constitución y por la vigencia plena de los derechos humanos, se manifiesta, de modo concreto, en la manera como los jueces deciden los amparos constitucionales que los justiciables se atreven a interponer, quizás de manera ilusa, pero como actos de fe en la justicia.
El promedio de los amparos constitucionales que los jueces venezolanos admiten, es decir, aquellos que deciden tramitar, atender, someter a su decisión, previo conocimiento de los hechos, es escandalosamente mínimo, si lo comparamos con lo que ocurre en países cercanos, como Colombia o Brasil. Pareciera que los jueces venezolanos sufren de una especie de “alergia al amparo”, pues cada vez que les llega uno, se fajan a buscar una causal de inadmisibilidad, sin hacer un esfuerzo y pensar que de pronto, el justiciable puede estar siendo víctima de un hecho que pone en duda la existencia de la Constitución y sus valores fundamentales.
La actitud de un juez que se asuma como juez constitucional, debe ser muy distinta a la de la inmensa mayoría de los jueces venezolanos. Cuando actúan como jueces constitucionales deben sacar lo mejor que tengan como seres humanos, como guardianes de la civilización en casos concretos.
Esta reflexión me la despierta un juez de esta tierra larense, relativamente joven y, se presume, bien formado, que despachó una pretensión de amparo constitucional con el pobre argumento de la existencia de un procedimiento ordinario idóneo para erradicar la conducta primitiva de unos propietarios abusadores, ahí, muy cerquita de su despacho, en pleno centro de Barquisimeto. Y lo digo también por todos aquellos seres humanos que no tienen el derecho de contar con jueces serios, con sensibilidad constitucional.
