Autoridades de una ciudad del sur de Colombia urgieron el lunes al gobierno y a los cultivadores de café, en paro desde hace una semana, a negociar para poner fin al conflicto que mantiene bloqueada a la población, sin clases en los colegios y con escasez de combustible y algunos víveres.
Pero el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que no sólo encara la protesta de los cultivadores sino también una huelga de camioneros, rompió el viernes la negociación que mantenía con los caficultores tras exigir que levantaran primero los bloqueos viales.
Los cosechadores se resisten a retirarlos porque alegan que sin esa presión no conseguirán solucionar sus demandas, entre ellas un ajuste en el precio del grano.
«La verdad sí es angustiosa la situación… esto va empeorando, si el gobierno no se sienta (a negociar) no sabemos» que ocurrirá, dijo Francisco Fuentes, alcalde de Popayán, capital del departamento de Cauca y a unos 370 kilómetros al suroeste de Bogotá.
«Yo llamo a la tranquilidad a la gente, que busquemos afrontar esto», agregó en entrevista telefónica con The Associated Press el alcalde de Popayán, una ciudad de 320.000 habitantes de los que, según dijo, al menos 70.000 han sido desplazados en los últimos años por el conflicto interno.
La localidad tiene su principal punto de entrada, la llamada vía Panamericana, cerrado desde el 25 de febrero por los cultivadores de café que comenzaron ese día una huelga nacional.
El bloqueo en el acceso a Popayán, con al menos 10.000 cosechadores instaladas a ambos lados de la carretera, impide el paso de camiones cargados de combustible y víveres, transportes de pasajeros y hasta de vehículos con tanques de oxígeno para el suministro de los hospitales, aseguró el alcalde.
Sin embargo, el funcionario dijo que hasta ahora no se ha confirmado la versión de medios locales surgida la semana pasada sobre la supuesta muerte de una mujer embarazada que iba en una ambulancia de Popayán a Cali, en el vecino departamento de Valle del Cauca, porque no se permitió el paso al vehículo.
Con las estaciones de combustible guardando sus reservas y sin la entrada de camiones, la alcaldía decidió suspender desde el 27 de febrero las clases en colegios y liceos públicos y privados, donde estudian un total de 45.000 estudiantes, para que los padres no consuman la gasolina que tienen disponible, explicó el alcalde.También hay en vigencia desde el viernes una ley seca o prohibición de consumo de alcohol, que rige hasta las 2300 GMT del lunes pero que podría extenderse. El comercio esta semiparalizado, aseguró.
«No queremos que la impaciencia (por la escasez) nos vaya a generar manifestaciones» dentro de la ciudad, agregó.
El general Rodolfo Palomino, director de seguridadciudadana de la policía, dijo a la AP que desde el lunes y hasta la jornada 74 personas han sido detenidas en distintos bloqueos, mientras 41 civiles y 34 agentes resultaron lesionados con golpes y contusiones en trifulcas entre manifestantes y policías que intentaban despejar las vías.
Los dos principales cierres viales, dijo el oficial, son el de Popayán y el de la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila y a 240 kilómetros al suroeste del país, pero en el caso de Neiva y otras localidades de Huila los taponamientos son intermitentes por lo que la situación no están grave como en Popayán.
A pesar de los llamados, tanto el gobierno como los cosechadores siguen plantados en sus respectivas posturas: los cultivadores quieren elevar de unos 277 a 416 dólares el precio de la carga de café, equivalente a 125 kilos, mientras el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas junto con el de Agricultura Juan Camilo Restrepo insisten en que no hay dinero en las arcas nacionales para garantizar ese precio.
Los cosechadores, unas 560.000 familias en todo el país, dicen que producir la carga les está costando unos 388 dólares y que no pueden seguir produciendo a pérdida.
«Si el gobierno desgasta a los cafeteros en las carreteras puede que nos gane la pelea por hambre… y a la gente le toque volverse para la casa con las manos vacías, pero lo que es seguro es que la gente se devuelve a preparar un paro más grande», dijo en diálogo telefónico Alonso Osorio, un cultivador de 49 años, que participa en un bloqueo vial en una zona en el departamento de Cauca. «Nosotros destrabamos la vía Panamericana en cinco minutos en cuanto el gobierno acceda», agregó.
A su vez, los tres principales gremios de transportadores de carga, que reúnen a 340.000 vehículos en todo el país, están en huelga desde la medianoche del viernes exigiendo un descuento o rebaja de 1,1 dólar en el precio del galón del diésel que consumen porque también dicen que trabajan a pérdida, explicó vía telefónica Jorge García, presidente Confederación Colombiana de Transportadores.
El precio del galón de diésel tuvo un nuevo aumento por parte del Ministerio de Minas y Energía el 28 de febrero y se ubica en promedio es 4,7 dólares.
García dijo que además del descuento en el precio del combustible, los camioneros piden que no se les cobren peajes en aquellas carreteras que están en mal estado, dos demandas que el gobierno rechaza.Indicó que del total de los tres gremios ya se han paralizado al menos 180.000 camiones y que no han realizado bloqueos viales.
