El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, aspira «respetuosamente» a que el Estado venezolano reconsidere su intención de abandonar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Orozco se refería a la denuncia que en noviembre de 2012 hizo el Gobierno Nacional, al afirmar que existe un “doble rasero” de la Comisión con respecto a Venezuela. El Ejecutivo en ese momento planteó que no entendía las bases o criterios de valoración usados por la CIDH para señalar al país como uno de los violadores sistemáticos de los Derechos Humanos.
Orozco Henríquez consideró que en este momento es prioritario que los 35 Estados ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y superar los 24 que actualmente son parte.
Aún cuando en América Latina las condiciones son diferentes a las de los años 70, “pueden volver en cualquier momento” acciones que violen los derechos humanos por la ruptura del orden democrático constitucional, ausencia de elecciones libres y periódicas y estados de excepción, advirtió Orozco Henríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sabemos que los golpes de Estado, desafortunadamente, no son asuntos del pasado y que (cuando estos se den) la CIDH es llamada a actuar con fortaleza y con sus atribuciones intactas. Reconozco y defiendo que la autonomía de la Comisión y la independencia de sus miembros no son valores añejos, sino condición indispensable para s eficacia”, dijo al participar en el ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH).
En su intervención, Orozco Henríquez se pronunció porque se incrementen los 21 Estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y llamó a que sus recomendaciones se reconozcan e incorporen a las leyes de los Estados para la protección efectiva de los derechos humanos.
Consideró importante corregir “ciertas percepciones erróneas” sobre el Sistema Interamericano, ya que en la mayoría de los casos las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos y sólo un tercio cuentan con amplio apoyo económico y legal mientras que” a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad para ellas de asistencia letrada alguna, en la etapa de estudio inicial”, lo que hace indispensables mecanismos y recursos que equiparen las condiciones entre los actores.
