El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, explicó cómo las recientes medidas económicas impuestas por el gobierno nacional, y especialmente la devaluación del bolívar, sólo se aplican para intentar tapar un hueco fiscal que asciende a 16 millardos de bolívares, a la vez que al Ejecutivo regional le han negado recursos por razones políticas.
“Para un gobierno regional es muy difícil actuar en el marco de tantas limitaciones y obstáculos. Henrique Capriles me ha preguntado recientemente si a Lara le habían aprobado algún recurso a través del Fondo de Compensación Interterritorial, y le respondí que ninguno, y ya casi estamos en marzo. Sin embargo, a varias de las gobernaciones oficialistas ya se les han aprobado créditos adicionales”, comentó el mandatario estadal.
Durante la visita al diario EL IMPULSO, el gobernador fue recibido por Carlos Eduardo Carmona, presidente de la C.A. EL IMPULSO; por el arquitecto Juan Manuel Carmona, director del rotativo, y por José Ángel Ocanto, Jefe de Redacción.
En la conversación, Falcón señaló que la reunión de gobernadores del PSUV que tuvo lugar el pasado martes, fue, de hecho, un encuentro del Consejo Federal de Gobierno, luego de haber suspendido la sesión que se efectuaría para ese fin el día anterior. “Es imperativo planificar en función de las verdaderas necesidades del Estado, pero el Consejo de Planificación es el único ente que tiene la potestad para cambiar eso. Sin embargo, actualmente deciden a favor de necesidades propias que no se corresponden al aspecto integral del Estado”, indicó.
Agradeció el tratamiento objetivo que el EL IMPULSO dio a la información, durante su última campaña, destacando que en ese momento se produjo un cerco mediático de parte de periódicos, televisoras y radios, instigando el miedo en la población, al punto que ahora la excepción es la persona que no tiene temor y dice la verdad. “Cuando volvimos a ganar la Gobernación, sabíamos que este nuevo periodo sería muy difícil para Henrique Capriles y mi persona. Pero se trata de un gran compromiso que debemos asumir todos una vez más”, enfatizó el gobernador.
Relató que cuando ganó por segunda vez la Alcaldía de Iribarren, decidió reunirse con todos los candidatos a alcalde. “Cuando volvimos a ganar la Gobernación de Lara, propuse un encuentro con los diputados del Consejo Legislativo, y también con Luis Reyes Reyes, pero de él nunca hemos recibido respuesta”, dijo.
“Ya sabíamos que la crisis económica del país se salía de control durante el último trimestre del año pasado.Mientras Merentes y Giordani decían que no iba a haber devaluación, todos sabíamos que no tenían escapatoria. Conociendo esto, la posición más sensata fue, desde diciembre pasado, comenzar a convocar al entendimiento y al diálogo, porque esta crisis económica superará con creces la crisis política del país, lo que a su vez generará un proceso de desestabilización social, que dará pie a mayor intranquilidad, situaciones de mucho sosiego y peligro”. Como parte de esto, afirmó haberle sugerido a los diputados del CLEL sostener una reunión, durante la cual les solicitó no crear otra crisis a partir de los problemas actuales.
Señaló la negativa de la bancada oficialista del CLEL, la cual, aseveró, se apega a la excusa de que la aprobación de recursos para las obras debe efectuarse por medio del Consejo de Planificación de Políticas Públicas.
Como una referencia aparte, comentó: “Le he recordado al presidente del CLEL que en Lara, durante la administración de Luis Reyes Reyes, se aplicaba el código del policía, el cual era inconstitucional y con el que se cometieron acciones aberrantes, dando pie al surgimiento de grupos parapoliciales, persecuciones y violaciones de derechos humanos, pero hasta que el Tribunal Supremo no declarara su inconstitucionalidad, no dejaba de tener vigencia para nosotros tampoco”, destacó.
Entre otros aspectos, puntualizó que sin plan operativo aprobado, no era posible ejecutar el presupuesto a partir de enero. “Pero había que pensar en el interés superior, por lo que decidimos producir un reglamento en el marco de nuestras competencias”, informó, aclarando que si el oficialismo considera que no tiene validez, no son ellos quienes tienen la potestad, sino el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Político-Administrativa, como el único ente que puede derogarlo.
Al encuentro también asistieron Diver Silva, presidente de Funrevi; Ruy Medina, director del Hospital Central Antonio María Pineda; María Teresa Pérez, directora general sectorial de Salud; el coronel Teodoro Campos, secretario general de gobierno, y Carolina Fortoul, presidenta de Invilara.
Plan ante devaluación
Para hacer ciertas las palabras de su campaña en diciembre de 2012, Falcón propuso presentarle al CLEL un Plan Operativo Anual y restablecer el Consejo de Planificación. “Para esto, invité a mi despacho a Luis Jonás Reyes, pues debe haber un mínimo de entendimiento de las cosas que no son propias políticamente”, expresó, añadiendo que le propuso ponerse de acuerdo en algunos puntos, ya que lo más importante es el contenido de las políticas.
Habló sobre la negativa para aprobar los proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial, acotando que los recursos del proyecto de la Vía Carorita aún descansan en ese fondo desde marzo del año pasado. “Se cotizaba en 35 millardos de bolívares, pero ahora, producto de la devaluación, cuesta 51 millardos. Pero nadie responde por eso. Y lo mismo pasa con Transbarca, que lleva seis años paralizado y podría haberse concluido con muchos menos recursos”, arguyó Falcón.
Recursos para salud no han aumentado en 4 años
Con respecto al sector salud, Falcón mencionó que siguen en mal estado las cloacas del Hospital Central Antonio María Pineda, y que el tomógrafo que costaba más de 3.100 millones de bolívares, ahora supera los 5 millardos.
“Hay un total de 96 millardos de bolívares en obras que se quedaron represados en el Consejo Federal de Gobierno que, por razones políticas, no le fueron aprobadas a la Gobernación del estado Lara. En la actualidad ese monto asciende a más de 150 millardos”, aseguró. Por su parte,EJ el doctor Ruy Medina, director del Hcamp, confirmó el aumento en el costo de diversos insumos médicos de primera necesidad, a consecuencia de la inflación y la devaluación. Por ejemplo, un anestésico para intervenciones quirúrgicas, que antes costaba 990 Bs., ahora se consigue por más de 2.100 Bs., y sólo rinde para tres pacientes. “Es la sustancia que se introduce a la máquina de anestesia para aplicarla a los pulmones”, explicó.
A su vez, el gobernador dijo que el Ministerio de Salud le envía a Lara 12 millardos de bolívares, desde hace cuatro años, para insumos médicos. “El servicio no está descentralizado, y hemos pasado cuatro años recibiendo la misma cantidad de recursos, pero el costo de los medicamentos sigue subiendo. Este es el origen de la crisis de los insumos.
El año pasado incluimos en el presupuesto, 32 millardos de la Gobernación para insumos. Este año llevamos ese monto a 51 millardos, pero lo que nos otorga el gobierno nacional equivale a lo mismo del año pasado. Con la devaluación, los 51 millardos vuelven a convertirse en 32 millardos de bolívares”, resaltó.
Devaluación afecta ejecución de proyectos
“Con la devaluación sólo buscan tapar un hueco fiscal, que se dice, asciende a 16 millardos de bolívares, con un gobierno que tiene dólares y petróleo, pero que al mismo tiempo reforma leyes para ver cómo le quita recursos a las gobernaciones y alcaldías, a la vez que regala recursos a otros países, pero no resuelve nuestros problemas”, aseguró Falcón.
Insistió en que la devaluación es un problema de caja del gobierno nacional, que también afecta a las gobernaciones y los trabajadores. “¿Acaso no son pertinentes la solicitud de un ajuste salarial y la revisión de los presupuestos regionales? Es una gran mentira cuando desde el gobierno dicen que se quiere controlar la inflación”, precisó.
Asimismo, hizo referencia a los efectos del paquete económico introducido por el Ejecutivo nacional, en el costo de materiales de construcción, indicando, por ejemplo, que el saco de cemento se consigue ahora por más de 100 bolívares. “Debido a la devaluación, lo que planifiqué durante la campaña, para el sector vivienda y otras infraestructuras, se ve afectado.
Por ejemplo, con el aumento del asfalto, cuyo precio por tonelada pasó de 358 a 504 bolívares, no puedo cumplir la meta física.
En consecuencia, si se había planificado echar 800 metros de asfalto en una comunidad, ahora debo decirle a sus habitantes que sólo podrán ser 500 metros. Hay una serie de obras que no se han ejecutado, y a las cuales es necesario imputarles la inflación acumulada, pero que, además, también son perjudicadas por los efectos de la devaluación. Al final de cuentas, el paquete económico del gobierno afecta más a quienes tienen menos recursos”, concluyó el goberador.
Fotos: Ricardo Marapacuto
