Desde que la Mesa de la Unidad Democrática, en su mensaje a todos los venezolanos el 23 de Enero, se refirió en términos de rechazo categórico a la injerencia del gobierno cubano en asuntos venezolanos y sus implicaciones para la soberanía de nuestro país, los voceros del gobierno de Venezuela han endurecido sus ataques a la oposición, y acentuado claramente una línea de deslegitimación que apunta a la disolución forzada de la alternativa democrática. Aquí se están copiando, opina desde México el historiador y experto Rabel Rojas, los mensajes de cohesión usados por el gobierno cubano.
Pero esa radicalización de la dirigencia gubernamental difícilmente es suficiente para ocultar la verdad. Editorialistas, columnistas, comentaristas de TV y radio insisten en la anómala intervención de un gobierno en nuestros asuntos, y los diputados y dirigentes de la MUD no parecen dispuestos a soltar el tema.
Misión destrucción
Nunca antes una intervención de un Presidente de la Asamblea o el Congreso había sido siquiera parecida a la del Diputado Cabello el martes 5. Cuando algo así ocurre, es demasiado evidente que no se trata de incomprensión de su deber como cabeza de una rama del Poder Público en democracia, máxime si se trata de la deliberante, que es plural por definición. Más que eso, se evidencia una concepción del poder que asume su papel como quien está en una trinchera y busca aniquilar al enemigo.
Muchos calificativos, muchos insultos, pero ningún hecho que por sí mismo constituya delito. La investigación propuesta venía ya con conclusiones, y el encargado de conducirla, intervino al final del debate y al día siguiente ante el Ministerio Público, para decir que hay flagrancia y que los diputados deben ser detenidos. O sea, que no hace falta investigar.
Aparte de abusar de su papel, el titular de la Asamblea mostró información que obtuvo en el Seniat (dirigido por su hermano) y de la Superintendencia de Bancos. Todo ello antes de aprobarse la investigación. ¿Interés en indagar la verdad? Pues no es lo que se ve. El abuso de poder es la madre de todas las corrupciones.
¿Qué se busca entonces?
En la lógica del gobierno, la oposición no tiene derecho a existir, por lo tanto:
1. Se quiere desmoralizar y dividir a la Unidad que es la piedra en su zapato. Es una oposición “delincuente”, “mafiosa”, aparte de “apátrida”. Pero se concentran las acusaciones en un partido, para que el resto no se dé por aludido y no defienda a los acusados, creyendo que no le tocará.
2. Se quiere asfixiar económicamente a la alternativa. Mientras el gobierno y su partido navegan en dinero y usan con desparpajo los recursos públicos, el financiamiento estatal a la actividad política está prohibido, y el financiamiento privado es criminalizado. A los que se atreven a contribuir los exponen al desprecio público, atacan la legitimidad de su interés en colaborar, y los amenazan abiertamente.
El riesgo para el país de ese camino adoptado por la dirigencia subrogante del proceso, es grande, peligroso, insidioso.
Dureza calculada
Después de aceptar, hace varios meses, dialogar sobre el tema de los presos políticos y exiliados, el gobierno dio el primer aviso de su endurecimiento cuando la Procuradora General Cilia Flores declaró que no había nadie en esa situación. Es lo que ha repetido el Vicepresidente Maduro hace días, con motivo de la súplica pública de la joven hija del Comisario Iván Simonovis: “Como Gobierno seguimos exigiendo justicia (…) La Ley tiene que caer sobre esos criminales”. Al día siguiente la Fiscal General Luisa Ortega Díaz amenazó con revisar las medidas con relación a los comisarios Forero y Vivas.
El Cardenal Urosa ha abogado por la libertad de Simonovis. El Alcalde Ledezma recuerda la clemencia para con los participantes en el 4 de febrero, ninguno superó los dos años en prisión.
En medio de las conmemoraciones del 4 de Febrero y como parte de una estrategia de endurecimiento que busca inflamar la polarización, la insensibilidad demostrada por los funcionarios del Estado es, a todas luces táctica. Poco importa que se trate de seres humanos.
Celebrar ¿qué?
Esta revolución ayuna de epopeya, celebra los 21 años del 4 de Febrero. Se reviste de heroísmo el hecho para reescribir la historia y aplacar la mala conciencia.
Pero aparte de que debe tener cuidado un gobierno constituido y constitucional en andar celebrando un intento de golpe de estado contra otro gobierno constitucional también, valdría la pena mirarlo desde otro ángulo.
Se usaron armas, equipos e instalaciones propiedad de la República, bienes nacionales confiados al cuidado de los alzados, con fines de un proyecto político parcial. Así las cosas, celebrar el 4F equivale a celebrar un acto de corrupción.
Imparcialidad dudosa
No ayuda el CNE a su prestigio y su autoridad, cuando mueve las fechas de las elecciones sin que haya justificación y dando la apariencia de que es para abrir espacio a la elección interna del PSUV. Tampoco que diseñe circunscripciones electorales para concejales demasiado favorecedoras de las pretensiones del partido rojo. Todo ello cuando tres de los cinco rectores se acercan al fin de sus períodos y no hay señales (ni ambiente) en el parlamento para renovarlos como manda la Constitución.
Y el país…
“Aumento del gasto público es el epicentro de la crisis”, analiza Víctor Salmerón en El Universal. Se ha triplicado la escasez de alimentos desde el control de precios. Escasean productos en Mercabar, el más grande e importante mercado mayorista, dice El Impulso del miércoles 6. Fedeagro teme que se complique la siembra de este año.
Nada exporta Sidor desde junio de 2012. Menos divisas para el sector salud, demoran casi doscientos días en tramitarse, y se retrasan las empresas del sector en pago a sus proveedores. Caso Pudreval sigue paralizado. Nada que investigar porque un ex ministro iraní aparezca en Alemania con un cheque por 300 millones de bolívares del Banco de Venezuela. Apagones de cuatro horas se repiten en Margarita.
19 muertos al día en Caracas en lo que va de febrero. Los ingresos en la morgue aumentan en 38%. Durante gestión de Ministra Varela han muerto 869 presos. En 2012 aumentaron muertes en penales en 5%. Humberto Prado (Observatorio Venezolano de Prisiones) plantea prohibir el dinero en los penales para evitar la corrupción.
