Con las bases estructurales de un proyecto dejado a medias durante la administración de Mariano Navarro, el exgobernador del estado Lara, Orlando Fernández Medina (1995-2000), comenzó con la construcción de un centro penitenciario para albergar a la población penal del estado Lara, que debía ser una cárcel modelo junto con el Internado Judicial de Coro y el Centro Penitenciario de la Región Andina, en Mérida.
El proyecto de cárcel tuvo como objetivo trasladar a los privados de libertad ubicados en el Internado Judicial de Barquisimeto, localizada en la carrera 13 con calle 45 y conocido popularmente como “la cárcel de la trece”, cuya capacidad para seiscientos detenidos resultaba insuficiente, además de las molestias que causaba al estar en medio de una zona urbana.
“Hablé con el presidente Rafael Caldera para terminarla, que nos pusiéramos de acuerdo para terminarla, pero bajo la condición de que la cárcel sería para atender los casos que se produjeran en Lara”, asegura Fernández, quien recuerda que luego de presiones del Ejecutivo nacional para que la estructura fuese definida con carácter nacional, se logró un acuerdo para albergar a detenidos de los estado vecinos como Portuguesa, Yaracuy y Trujillo, por lo cual obtuvo el nombre oficial de Centro Penitenciario de Centroccidente.
Aunque a finales de la década de 1990 la Gobernación contaba con dinero para llevar a cabo la obra, no tenía presupuesto suficiente para su mantenimiento, por lo que recurrió a la Unión Europea para buscar financiamiento extra. Fernández señaló que cada dos meses representantes de la organización internacional supervisaban el centro penitenciario.
Finalmente, con una capacidad para ochocientos cincuenta presos, Uribana se convirtió en una de las cárceles más modernas de América latina al contar con las tres áreas de seguridad para la clasificación de los internos (mínima, media y máxima), cada una con sus propias instalaciones.
“Como gobernador yo iba cada 15 días y visitaba todas las áreas dentro de la cárcel. No había armas sino los tradicionales chuzos y demás armas de fabricación casera que los presos construían solamente con los recursos que tenían”, dijo Medina.
Sin embargo, el exmandatario apunta que con la llegada del actual Gobierno nacional y las decisiones tomadas en materia penitenciaria, fue violado el acuerdo con el Ejecutivo regional y se recibieron presos de casi todos los estados. Así la población llegó a tres mil presos y con ello, el alza del reinado de las armas. “Nada de lo que estaba previsto para la obra se cumplió. El actual gobierno acabó con la cárcel más moderna del continente”.
“Puro efecto”
Sobre el desalojo de la cárcel y el traslado de los presos a otros estados, Fernández lo considera una acción efectista con la cual simplemente se logra trasladar el problema de Uribana a otros penales y con ello “el aumento del trauma del hacinamiento”, sin tampoco dar una solución sobre la falta de control en los penales.
“Las cárceles no son el problema, sino que el gobierno durante estos catorce años le entregó las cárceles a los presos y a los pranes, al punto de tener que negociar con ellos y de allí la tragedia, porque los pranes se rebelaron contra el gobierno. Eso no es solución”, apuntó.
De igual forma, el también dirigente político condenó los señalamientos de la ministra Iris Varela contra Globovisión y EL IMPULSO de haber provocado la violencia dentro del recinto, cuando estos cumplen su deber de informar sobre hechos relevantes como la colocación de tanquetas frente a una prisión.
“Además, requisa no significa violencia sino revisión para sacar armas y chuzos de una cárcel. Que ahora sean masacres es otra cosa que pasa con este Gobierno, pero el hecho de informar no es de alarma en sí mismo como para ahora criticar a los medios de comunicación”.
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