El Gobierno nacional está aplicando la operación “limpieza carcelaria”, que comprende la toma de los penales con la muerte de reos, denunció la Dra. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
La profesional del Derecho y magister en Seguridad y Defensa Nacional por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden) de Caracas, vino a Barquisimeto para participar en un foro organizado por el Colegio de Médicos del estado Lara.
Moralmente es inaceptable, además de ilegal, lo que viene ocurriendo en las cárceles venezolanas, expresó al ser entrevistada por los reporteros. Hay un modelo en marcha denominado limpieza carcelaria, que se aplica con la toma de los penales y muerte de reos, lo cual no se puede permitir en términos de violación de los derechos humanos.
En este orden de ideas dijo que la requisa realizada el pasado 25 de enero en la cárcel de Uribana fue premeditada.
El uso de la fuerza militar generó más de 60 muertes, según cifras oficiales, indicó. Si bien son reos merecen el respeto y las garantías constitucionales.
El país debe estar alerta con este procedimiento de limpieza carcelaria que está ocasionando muertes por decenas en las cárceles.
Informó que su organización había pedido al Ministerio Público una investigación en torno a lo sucedido en Uribana y la interpelación del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, por su responsabilidad en la regla de enfrentamiento que se está haciendo contra los internos.
Es inaudito que destacamentos, pelotones, de la Guardia Nacional asignados en 19 estados donde existen cárceles, utilicen la fuerza contra la población penal.
Fuera del cauce constitucional
La Dra. San Miguel, por otra parte, comentó que el país se despertó ayer con el informe de Transparencia Internacional que reconoce lo que en nuestro país sabemos: la institución militar se ha venido manejando con total discrecionalidad.
Amnistía Internacional tiene denuncias muy graves de corrupción y de la existencia de bandos de la Fuerza Armada en la delincuencia organizada.
Esto no es sorpresa para el país donde se han encontrado vehículos robados dentro del Fuerte Tiuna y se sabe de comisiones por 42 millones de euros, además de la existencia de narcosoles.
El problema es que frente a la ausencia de independencia de los poderes públicos en Venezuela no hay una Fiscalía General capaz de investigar las graves denuncias que han venido ocurriendo.
Es muy grave que los altos mandos militares hayan desviado a la institución de todos los venezolanos fuera del cauce constitucional.
Todavía hay oficiales dignos
Sin embargo, dijo más adelante, la institución militar sigue viva. Hay oficiales dignos. Estamos hablando de muchas generaciones que están ahí y conservan el respeto a la Constitución. Lamentablemente, los altos mandos han comprometido a la institución, a sus símbolos, hombres y mujeres, y la han expuesto a una transgresión permanente.
Insulto a la fuerza
Como ningún otro ministro, el almirante en jefe, Diego Molero Bellavía, ha insultado a la Fuerza Armada con sus palabras.
Estamos viendo expresiones que ya nos había asomado el ministro Rangel Silva. Pero, sin lugar a dudas, Molero Bellavía agrava y profundiza su agresión a la familia militar venezolana.
Hay que tener coraje
-¿No teme a las amenazas?
-Es muy duro esta tarea, reconoció. Inclusive, anoche, recibí amenazas que son enviadas por las redes sociales. Provienen de ese rostro delincuencial que tiene una parte del gobierno. Nos toca tener coraje y mantener valores y principios, sobre todo cuando somos madres y tenemos hijos que no se van del país.
Foto: Dedwinson Álvarez
