En opinión del Dr. Jorge Rosell, co redactor del Código Orgánico Procesal Penal, profesor universitario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, las muertes registradas en la cárcel de Uribana merecen una profunda investigación.
Pero, observa, el problema es que las instituciones están secuestradas por el Poder Ejecutivo.
Éste es el principal responsable, porque tiene a su cargo las cárceles y por la misma razón cuenta con un ministro que se encarga de los asuntos penitenciarios.
Ahora, por lo expuesto, es muy difícil que el Ministerio Público haga una averiguación y los tribunales lleven a cabo un juicio contra las personas que actuaron en la requisa del 25 de enero.
No sólo los poderes han perdido independencia, sino que con anterioridad a lo ocurrido en Uribana, tanto la Corte Intermericana de Derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promovieron acciones dirigidas a proteger a la población carcelaria, ya que se habían formulado denuncias de lo que venía ocurriendo desde hace varios años en los penales.
Sin embargo, el Gobierno nacional jamás tomó en consideración las decisiones tomadas por ambos organismos.
Más aún: el Ejecutivo Nacional denunció el tratado de Costa Rica con el fin de salirse de la jurisdicción interncional de los Derechos humanos.
Todo eso que el Gobierno ha hecho nos indica claramente que no hay para dónde agarrar.
-¿Cuál sería la salida?
-El cambio a través de las urnas electorales.
-Pero, hay situaciones muy graves como es la utilización de tanquetas y armas de alto calibre para realizar una requisa. ¿No hay ningún organismo internacional que pueda actuar contra procedimientos de esa naturaleza?
-Este es un gobierno que no es democrático. Si la mitad de los gobernadores son militares y el Ejecutivo Nacional actúa en forma arbitraria, la situación se torna crítica para la vida civil. Los gobiernos militaristas siempre se han comportado de la misma manera, por cuanto para ellos no hay respeto por los Derechos Humanos.
Entonces, ¿no podría haber una forma de cambiar la situación carcelaria?
-Lo que se debe hacer es modificar la política carcelaria, en primer término. Porque hay muchas personas detenidas preventivamente cuando debieran esperar una sentencia en libertad. No todos los que están en la cárcel deberían estar ahí. Tiene que haber, pues, una política seria y no como la que tenemos ahora, ya que hay inocentes pagando prisión. El caso más emblemático es el de la juez Afiuni, quien aun cuando está en su residencia, sigue privada de libertad.
-¿Y el otro aspecto?
-Construir cárceles. No se puede seguir enviando presos de un penal a otro porque así no se resolverá el problema de hacinamiento. Están remitiendo reclusos de Uribana a la cárcel de San Felipe cuando ya revienta.
Foto: Dedwinson Álvarez
