A una semana del sangriento motín de la cárcel de Uribana aún existen personas que no conocen el paradero de algunos reclusos del penal, mientras persisten las dudas sobre si los organismos que investigan los sucesos podrán esclarecer con exactitud que ocurrió durante la toma militar del penal y establecer las responsabilidades.
Pilar Pineda, una doméstica de 29 años, no ha logrado superar la pesadilla que le dejó el motín carcelario en el que murieron 58 personas. Ocho días después de los violentos sucesos no ha podido encontrar a su hermano mayor Daniel Enrique Pineda que estaba preso desde hace dos años a la espera de sentencia por un caso de hurto.
No aparece en los listados suministrados por las autoridades, ni en la morgue y hospitales de la ciudad central de Barquisimeto, donde está ubicado el penal.
Sin respuesta de las autoridades sobre el paradero de su hermano de 31 años, Pineda viaja cada mañana unas tres horas en autobús desde Yaritagua, donde tiene su vivienda, hasta la cárcel de Uribana, y apostarse todo el día en las afueras del penal junto con otros familiares a esperar algún reporte oficial.
Bajo un intenso sol y en medio de un desolador paraje, donde no hay ningún comercio cercano para comprar agua o ir al baño, Pineda pasa largas horas de angustia y hambre. A pesar de las adversas circunstancias no ha dejado de ir un solo día a la cárcel de Uribana donde aún permanecen recluidos un grupo de presos, algunos todavía recuperándose de heridas que sufrieron durante el motín, a la espera de que sean trasladados a otros penales. Las autoridades trasladaron a más de 2.000 reclusos de Uribana a 17 de las 33 cárceles del país.
La única esperanza que mantiene en pie a Pineda es que en una de las listas de los reclusos que fueron trasladados a la cárcel de Sabaneta, de la ciudad occidental de Maracaibo, aparece un hombre con el mismo apellido de su familia, pero con un nombre diferente al de su hermano, hecho que ella atribuye a que tal vez «dijo el nombre mal cuando lo sacaron apurado» del penal.
«La fe nunca se pierde, y eso es lo que nosotros esperamos que con el favor de Dios encontremos a mi hermano», dijo Pineda en entrevista telefónica a The Associated Press.
Nelly Tambo, una doméstica de 46 años, también pasó por el viacrucis de recorrer la morgue y los hospitales de Barquisimeto, y revisar diariamente los listados de reclusos en busca de su hijo Ildemaro José Tambo, de 26 años, que estaba internado en Uribana desde hace más de cuatro años cumpliendo una sentencia por hurto y porte ilícito de arma.
Los días de angustia y de horas sin dormir culminaron para Tambo el jueves cuando escuchó a través de su teléfono la expresión «bendición mamá», que fue la primera fe de vida que tuvo de su hijo después de varios días de búsqueda infructuosa en los hospitales y la morgue donde incluso debió utilizar su propio teléfono móvil, donde tenía la única foto de su familiar, para pedirle a los funcionarios del lugar que trataran de ubicarlo entre los cadáveres.
Aunque a través de diferentes medios de comunicación se han reportado diversos casos de reclusos de Uribana que no han logrado ser ubicados por sus familiares, las autoridades no han emitido hasta el momento pronunciamiento al respecto. La AP llamó en varias oportunidades al jefe de prensa del Ministerio de Servicio Penitenciario para obtener una reacción del caso, pero no atendió las llamadas.
El director de Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, dijo a la AP que su organización, que es privada y se dedica a la defensa de los derechos de los presos, ya tiene «varias familias» en esa situación, y que en la actualidad están recabando toda la información sobre los casos de reclusos que permanecen desaparecidos para denunciarlos ante las autoridades y brindar apoyo a los familiares.
Prado afirmó que la existencia de estos casos revela «una falta de planificación y ejecución en cuanto a los traslados» que se hicieron de los internos de Uribana a otros penales.
«No se cumplió el procedimiento y esto lamentablemente crea desinformación entre los familiares», agregó.
El activista presentó en la víspera un listado de 63 personas que murieron en el violento incidente de Uribana, que no coincide con la cifra de 58 muertos que informó el pasado fin de semana la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.
En el listado de muertos del OVP están 61 reclusos, un guardia nacional y un pastor evangélico que estaba de visita en la cárcel cuando ocurrió el motín.
Prado se abstuvo de comentar sobre la discrepancias entre las cifras que recabó su organización y las que presentó Varela, y solo indicó que pondría a la orden de las autoridades el listado de fallecidos que posee.
A una semana del sangriento motín aún persisten diversas versiones sobre lo que ocurrió en Uribana el pasado 25 de enero.
La ministra informó que el motín comenzó cuando un grupo de presos, algunos de ellos armados, se enfrentó contra miembros de la Guardia Nacional que pretendían realizar una requisa y tomar el control de las instalaciones. «Hubo una resistencia ante lo que era inminente… una requisa» por parte de un grupo de reos «que dispararon a mansalva», acotó.
Para José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, «el número de muertos genera serias preocupaciones que la fuerza letal utilizada en la cárcel de Uribana puede haber sido considerablemente desproporcionada en relación a las necesidades de seguridad».
Respecto a las versiones que se manejan sobre lo que ocurrió en la cárcel, Prado del Observatorio dijo que hay una versión del gobierno que refiere que «hubo una resistencia» de parte de los reclusos durante una requisa que realizaron las autoridades, y que no «hubo ninguna violencia de parte del cuerpo público».
Agregó que los reclusos dan otra hipótesis de que «a todas las personas (los presos) las sacaron al campo de softbol, y que un interno se quedó dormido y que lo trajeron golpeando. A la población no le gustó. La población agarró piedras para lanzarlas e inmediatamente echaron tiros al aire y comenzó el enfrentamiento».
«Ante esas dos hipótesis nosotros estamos debidamente documentando para presentarlo y que sean los organismos de justicia los que den la decisión como tal», acotó Prado.
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