Durante la sesión ordinaria de ayer en el Consejo Legislativo del estado Lara, fue aprobada de forma unánime una solicitud para un crédito adicional por 26.554.962,67 bolívares, a objeto de cancelar la diferencia de sueldos e incidencias por incremento del salario mínimo de mayo a diciembre de 2012, a personal adscrito a la nómina central del gobierno regional, las direcciones generales sectoriales de Educación y Salud, así como a Polilara.
Sin embargo, la situación en Uribana fue el principal tema de esta plenaria, luego de que el diputado Raymundo Valle, con apoyo de la diputada Sagrario Pérez, solicitara una moción de urgencia para discutir lo ocurrido el pasado viernes durante la incursión de la Guardia Nacional Bolivariana en la prisión.
En este sentido, Pérez expresó que la Constitución de la República es bastanta clara, en su artículo Nº 42, sobre el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, aspecto que, aseguró, no se observó en el caso del desalojo de Uribana. “Lo que pasó el viernes pasado es una muestra evidente de la sumisión del gobierno venezolano ante la realidad interna de los centros penitenciarios”, insistió.
Por su parte, Valle, quien también preside la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del CLEL, recordó que ya se efectuó la revisión tanto de Uribana como del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, debido a denuncias que presentaron familiares de varios reos, “las cuales no resultaron ser lo que pensábamos”, aclaró.
Además, confirmó que este viernes a las 9:00 de la mañana la comisión que él representa sostendrá un encuentro con quienes presiden las instancias judiciales y fiscales a nivel regional, para responder a solicitudes de parientes de los privados de libertad, por lo cual también se ha invitado al director de Uribana, Nelson Bracca. “Esta reunión será un logro, por lo que también convocamos a los medios a estar presentes”, señaló, acotando que igualmente se tratará la situación de los 516 privados de libertad en calabozos de Polilara.
Asímismo, el diputado Roberto Sánchez recordó que la Constitución estipula la descentralización del sistema penitenciario, destacando que las gobernaciones podrían crear cárceles modelo, a la vez que afirmaba que con el traslado de los presos de Uribana, se empeora el hacinamiento en otras prisiones del país.
Ante estas afirmaciones, el presidente del CLEL, Luis Jonás Reyes, aseguró que la Comisión de Seguridad y DDHH del CLEL se une al Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Asamblea Nacional en la investigación solicitada por el vicepresidente Nicolás Maduro, cuya próxima visita a Barquisimeto no pudo confirmar. “Nos consta la labor de la ministra Iris Varela y su buen manejo del caso de Uribana”, precisó.
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