La confusión de los familiares de los privados de libertad del Centro de Penitenciario de la Región Centroccidental no ha cesado desde el viernes, cuando en horas de la mañana se produjo una requisa que pasó a un hecho sangriento el cual dejó como saldo numerosos fallecidos y casi un centenar de heridos.
Es así como la tarde de este lunes, a un margen de la vía que conduce al recinto carcelario, decenas de familiares se aglomeraron debajo de la sombra de un cují para preguntar en qué internado o penitenciaría de Venezuela llevaron a sus parientes o seres queridos.
En ese lugar, un hombre cedió alguna logística en el espacio donde tiene un rancho de cinc, para que funcionarios del Ministerio del Sistema Penitenciario, concretamente de la Dirección General de Asistencia Social a la Familia de las y los Internos, atendieran a las angustiadas personas.
Si bien los funcionarios que allí se encontraban expusieron a este periódico que no estaban autorizados para declarar, se conoció a través de los familiares que los mismos fueron designados por el citado ministerio para brindar respuestas oportunas y despejar cualquier duda en torno a los traslados y las condiciones de salud de los internos, y de esta manera devolverles la tranquilidad perdida desde hace tres días.
Indicaron los familiares que les plantearon habilitarles desde mañana miércoles unidades del transporte público que saldrán de las inmediaciones de Uribana hasta los centros de reclusión, fuera de la región, para que se comuniquen con sus seres queridos, sacados de la cárcel local a distintas penitenciarías e internados de Venezuela, producto de los sucesos violentos que se desataron el viernes, y que conmocionaron a quienes habitan más allá de las fronteras del estado Lara por la cantidad de muertos.
A pesar que este transporte será gratuito, los afectados se quejaron porque no saben hasta cuándo el ministerio lo pondrá a disposición de ellos.
Pero además, manifestaron que sólo el hecho de salir de Lara a otra entidad les representa altos costos económicos y carecen de esos medios, por tratarse de familias humildes, sin contar las molestias propias del viaje relativas a permanecer en lugares donde deben pagar la estadía, la comida y los servicios para el aseo personal.
Asimismo, dos personas colaboraron con los funcionarios en ese mismo lugar y en voz alta se dedicaron a leer cada uno de los nombres de los internos que aparecen en los listados, así como la identificación de las cárceles a donde fueron llevados, ya que hasta ayer la mayoría de familiares no sabía con precisión sobre sus paraderos.
Expusieron que los funcionarios les notificaron que aún habían privados de libertad en Uribana, y les revelaron sobre la llegada de nueve médicos procedentes de la ciudad de Caracas para atenderlos, así como de un cuerpo de psicólogos que los trataría.
Una mujer aportó su propio testimonio. Sin identificarse, dijo que su esposo fue trasladado el sábado en la madrugada para la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Adujo que no lo escucharon porque él pedía lo llevaran para el Internado Judicial de San Felipe.
Otra dama, de 57 años, aseguró que a su hijo, quien lleva veintiséis meses preso porque le sembraron droga, lo trasladaron para el Internado Judicial de Coro.
Recordó las palabras de su hijo por teléfono: “Mamá esto es una tragedia y no guardan duelo nacional”. “Hijo, para la sociedad los presos no valen nada”, le habría contestado, antes que el joven destruyera el celular detrás del portón de Uribana, cuando se lo llevaban para la prisión falconiana.
Cabe destacar que todavía hay restricciones para llegar a Uribana por el piquete de guardias en el área.
Fotos:
Richard Alexander Lameda
