El presente artículo viene a la luz pública a raíz del editorial del Diario Tal Cual del día martes 22 de enero de 2013, en el cual se le recuerda a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, el caso de los miembros de la familia Barrios, impune y vilmente asesinados, a pesar de estar cubiertos por una orden emanada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en que se le solicitaba al Estado venezolano la protección policial para la familia. Como hacen quienes evaden su responsabilidad la funcionaria declaró lo siguiente: “Nosotros haciendo abstracción de las medidas de la corte… estamos investigando el caso”. El pasado 15 de diciembre fue asesinado el último integrante de la familia Barrios.
Este caso se suma al de Franklin Brito, debido a que ambos poseen un denominador común: la muerte de esas personas se debe en parte a que el Estado venezolano no concedió la ayuda que esas personas requerían. La razón de ser de todas las instituciones del Estado es la defensa de todos y cada uno de los ciudadanos que integran la República.
Tratando de recordar las diligencias hechas por Brito (QEPD): vemos a un ciudadano indefenso ante todo el poder del gobierno; una persona -como usted, amable lector, o como yo— que acudía ante los organismos del estado en procura de que se hiciese justicia, ante el atropello del cual era victima. Jamás fue atendido. Y fue “condenado” por la omisión del Estado Venezolano, a morir de inanición. El mensaje enviado por todos los funcionarios directamente involucrados en el caso de Franklin Brito y de la familia Barrios, es claro: “Conmigo no te metas, que soy guapo y apoyao”.
El caso Franklin Brito es una muestra de la criminalización de la protesta. A quien manifiesta en la vía pública, se le cataloga como “guarimbero” y no se le resuelve la causa de su reclamo. A los estudiantes que osen reclamar la asignación de un presupuesto justo, se les echa “gas del bueno” y se les pone en prisión. Al educador que reclame el pago de sus prestaciones, trancando cualquier vía pública, se le aplica la Ley de vagos y maleantes; y en el mejor de los casos, “se les paga” con un papelito totalmente carente de valor.
En lo profundo de todo esto, hay un desprecio total a cualquier persona. Un atropello a los derechos, una protesta no atendida, una justicia que deja de equilibrar su balanza; son pisoteadas que se le dan a la dignidad del ser humano. El hombre, como especie animal, es el único que es un poquito inferior a los ángeles. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y su Espíritu Santo. Cualquier conculcación de los derechos del hombre, constituye una vejación a la dignidad humana, y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad.
