La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) instó el martes a Venezuela a investigar la muerte de 58 personas en un motín en la cárcel de Uribana y a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en las prisiones.
El portavoz de la OACDH, Rupert Colville, afirmó que el motín «refleja un patrón alarmante de violencia en las cárceles venezolanas» y que eso «es una consecuencia directa de sus malas condiciones», de las que responsabilizó al estado.
Los detenidos «están bajo custodia del estado y, por lo tanto, las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de lo que les sucede», subrayó.
Los presos sufren de hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, presencia generalizada de armas en las prisiones y sus condiciones «se agravan por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la detención preventiva», enumeró Colville.
El portavoz urgió por ende a Caracas a adoptar «medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplan con las normas internacionales de derechos humanos».
El gobierno venezolano ordenó el lunes investigar el motín del pasado 25 de enero en la cárcel de Uribana (noroeste), que según fuentes oficiales venezolanas dejó 58 muertos y más de 90 heridos.
Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para albergar a unos 14.000.
