Las reacciones en rechazo hacia la forma en la cual se ha manejado la requisa en el Centro Penitenciario de Centroccidente, conocido como cárcel de Uribana, continúan con el pronunciamiento de organizaciones políticas, entre las cuales algunas exigen la destitución de Iris Varela del Ministerio del Servicio Penitenciario, por considerar que la gestión ha sido ineficiente.
Asimismo, la Mesa de la Unidad Democrática del estado Lara se pronunció en contra del señalamiento de la funcionaria contra Globovisión y EL IMPULSO, a los cuales ha responsabilizado de promover la violencia que se desató en el enfrentamiento entre los reclusos y los efectivos militares.
Sin embargo, más allá de la repartición de culpas, todos los sectores apuntan a que deben aplicarse medidas más efectivas para la mejora de la situación no sólo de la cárcel de Uribana, sino también del resto de los centros penitenciarios, de manera que se pueda instaurar de una forma más eficiente el “régimen penitenciario” y lograr que los penales se conviertan en centros para el rescate y reinserción de aquellas personas que se han desviado del buen camino ciudadano.
Mientras tanto, con la toma de las instalaciones del centro de reclusión, lograda por las autoridades este sábado, todos se mantienen a la espera del destino que tendrán las instalaciones en el control de la población penal.
Bandera Roja: Destitución ya
La dirigencia del partido Bandera Roja se unió a las organizaciones que piden la destitución de la ministra del Servicio Penitenciario, por considerar que las acciones efectuadas en el marco de la requisa en Uribana constituyen una masacre.
“A los presos se les cambió el nombre y dejaron de ser reos para ser privados de libertad, pero ahora son privados de la vida. ¿Cuántos muertos tiene el sistema penitenciario a cuestas? ¿Dónde está la partida del Estado para atender la situación de las cárceles?”, manifestó Carmen Rodríguez, secretaria general de la organización.
La dirigente hizo un llamado a los familiares de los privados de libertad, a los fines de que éstos soliciten al Estado venezolano, a través de instituciones públicas, decir la verdad sobre lo sucedido en el penal del estado Lara.
Asimismo, solicitaron información sobre el programa de humanización de las cárceles, impulsado desde hace diez años y supuestamente profundizado desde hace tres.
Armando Prado: Evaden obligación
El dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, rechazó los señalamientos que la ministra del Servicio Penitenciario hiciera contra medios de comunicación como EL IMPULSO y Globovisión, al intentar responsabilizarlos de la violencia desatada por la requisa.
“Esta es una forma que tiene la ministra Varela, así como el Gobierno nacional en general, de evadir su responsabilidad en los acontecimientos del viernes pasado, en los cuales el número de muertos es incuantificable, ya que hay muchas versiones sobre lo ocurrido. Al final no sabremos cuál fue el resultado final de muertes”, dijo.
Prado indicó que dentro de la coalición opositora se entiende el deber del Ejecutivo nacional de combatir la delincuencia, sobre todo cuando ha criticado lo que considera es la tranquilidad con la cual el poder público asume el avance de la delincuencia, sin embargo, ello no es motivo para que se produzca un acontecimiento que puede ser comparado con una masacre.
Sol Alvarado: Violencia letal
El presidente del Movimiento en Defensa del Ciudadano aseguró que la violencia es el resultado de una política equivocada en cuanto a frenar y reducir los niveles de inseguridad y de homicidios perpetrados en las calles y centros penitenciarios, sobre todo en los últimos que se han convertido en un infierno para los privados de libertad.
“Hoy apreciamos cifras horribles y alarmantes de 55 muertos, entre privados y funcionarios públicos, víctimas de la violencia en las cárceles, los cuales se suman a los cuatro muertos localizados en la urbanización Yucatán, amén de los otros que llenan las páginas de sucesos de los diarios de la región”, dijo.
Alvarado señaló que la situación debe ser abordada críticamente por los organismos del Poder Público, es decir, tienen que revisar el trabajo realizado y darle un giro con base en la nueva visión y misión de la lucha contra la violencia, dejando a un lado la improvisación y la aplicación de políticas de ensayo y error.
José Ignacio Guédez: Fue una masacre
El diputado suplente al Consejo Legislativo del estado Lara, señaló que este órgano “debe investigar esta masacre que ocurrió en las narices de la directiva del parlamento regional”.
Lamentó que la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad fuera tan diligente para condenar una fotografía publicada por un diario español, mientras prefiere callar ante “una masacre local ordenada con mando a distancia por el Gobierno Nacional”.
El también secretario general de la Causa R, aseveró que lo sucedido le quita la careta socialista al Gobierno, porque “el militarismo es así todo lo resuelve a plomo y con más violencia. Estamos en presencia de un exterminio al más puro estilo fascista”.
Aseguró que después de la tragedia en Uribana el Gobierno no podrá hablar nunca más en el nombre de la izquierda ni el humanismo.
El parlamentario lamentó las pérdidas humanas y se puso a la orden de los familiares de las víctimas para impulsar las investigaciones pertinentes.
Fotos: Archivo
