Proyecto de Ley tiene tinte populista y no toca el problema de fondo que es la falta de divisas para producir más
Mientras no se dinamice la producción nacional de autos, los precios seguirán en alza
El Proyecto de Ley que regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales o Importados, es un instrumento elaborado por los parlamentarios «rojo rojito», bajo la premisa de que los concesionarios y los ensambladores de autos en Venezuela son unos atracadores, que están especulando con los precios de los automóviles, pero no se han preocupado de revisar las causas de fondo que están generando el déficit de automóviles en el mercado nacional.
Quienes elaboraron la norma, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, al parecer nunca se reunieron con los actores involucrados para escuchar sus explicaciones y observaciones, que pudieran haber ofrecido una mayor claridad a los conceptos que se están aplicando en el instrumento legal, así como también hubieran podido entender las razones de por qué el ensamblaje de vehículos en Venezuela, tiene costos más elevados que Brasil, Argentina, México, Japón y Estados Unidos, ya que al parecer no tienen la menor idea de lo que significan las economías de escala.
No se puede elaborar una Ley, en función de los costos de producción de los vehículos en Estados Unidos, donde anualmente se fabrican 14 millones de unidades; tampoco con los precios en Brasil, donde anualmente se fabrican 3,34 millones de unidades; en Argentina se fabrica 1 millón de carros al año y en Japón, solo Toyota fabrica 2 millones 743 mil 898 unidades al año, mientras que en Venezuela a duras penas se fabricaron 125.000 unidades, gracias al gran esfuerzo y voluntad que le han puesto quienes aún sobreviven en el sector, tratando de superar todos los obstáculos burocráticos de funcionarios, que son colocados en los cargos para que se ocupen de entrabar la producción nacional
Por supuesto que el encarecimiento de los precios de los vehículos en Venezuela, al igual que con el resto de muchos de los precios de los productos alimenticios de consumo masivo, se genera porque hay una demanda creciente insatisfecha, por una industria que no tiene las condiciones y los estímulos para aumentar la producción, sino que está sometida a una persecución constante, a inseguridad jurídica, a las amenazas contra la propiedad y a una competencia desleal por parte del Ejecutivo que está importando vehículos de terceros países, sin necesidad de solicitar licencias de importación, certificados de no producción, sin pagar aranceles, los comercializa a precios subsidiados, no son retenidos por el Seniat en las aduanas, sino que son nacionalizados automáticamente.
Hoy se recuerda con añoranza, los años en que la industria automotriz venezolana vendía 350.000 unidades, también el año 2007 en que implantó el récord de ventas con más de 500 mil unidades que fueron comercializadas en su totalidad, pero eran años en los cuales a pesar de que los ingresos petroleros eran menores, los sectores productivos obtenían divisas suficientes para adquirir los CKD, existía el mercado paralelo para obtener las divisas que hicieran falta, pero lamentablemente, hoy Venezuela es otra.
Seguramente que los diputados del PSUV, al recabar las informaciones para elaborar el proyecto de Ley, solamente escucharon las denuncias de algunos de los militantes del partido que no recibieron los vehículos por parte del concesionario, pero es probable que no se hayan enterado que Cadivi redujo la asignación a la industria nacional entre un 20% y 40%, que el Sitme se ha convertido en un elefante blanco, el cual con sus operaciones marginales de 15 millones de dólares por día, no atiende a las necesidades reales de la economía que superan los US$ 200 millones; asimismo, que en estos momentos las demoras en Cadivi para la aprobación y liquidación de las divisas supera los 180 y 200 días, lo que afecta en forma directa la producción, por cuanto los proveedores han suspendido los envíos de materias primas e insumos.
Observaciones pertinentes
Ante la acelerada aprobación que se le quiere imprimir a este proyecto de Ley, organizaciones como el Observatorio Económico-Legislativo de Cedice Libertad, ha presentado ante la opinión pública un análisis, donde advierte que en su artículo 1°, no expone cuál es el objetivo de la Ley, pero resulta inquietante cuando asoma que el objetivo es la norma en sí misma y no la atención de un bien público en particular, lo cual evidencia que se establece una regulación sin justificación ni en la Exposición de Motivos ni a lo largo de la redacción del proyecto de Ley.
El artículo 2°, referido a la definición del Ámbito de Aplicación podría implicar limitaciones a los derechos de propiedad sin que se atienda un resguardo al interés público, restando asidero a la norma y creando fuentes de errores falsos positivos.
Señala el Observatorio que el artículo 4° se encuentra en franco conflicto y contradicción con el artículo 5° y el 30, ya que la definición que se hace de los precios sugeridos en el primero es violentado o contradicho en los dos últimos.
El artículo 5° constituye evidencia de no estar claro cuál es el interés y el objetivo de la norma, haciéndola un objetivo per se.
El artículo 7° constituiría una limitación y violación de libertades y derechos económicos y de propiedad, ya que constituye una prohibición per se y generaliza que no atiende, pondera o respeta a particulares que podrían existir de diferenciación de productos aguas abajo. Este mismo criterio se aplica para el artículo 18.
Lo único cierto, esque revisando el Proyecto artículo por artículo, nuevamente estamos en presencia de una norma improvisada y precipitada, que traerá más males que beneficios, ojalá y nos equivoquemos.
Ilustración: Dalver Santeliz
