La Ley Orgánica del Trabajo fue dictada por el presidente de la República, Hugo Chávez, al ser habilitado para legislar por la Asamblea Nacional, la cual concedió tal poder al mandatario para un tiempo en el cual ya estaba vencido su período.
Aunque fueron interpuestos recursos en su contra, todavía el Tribunal Supremo de Justicia no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la nulidad de 15 artículos que, según las organizaciones sindicales, violentaban el derecho a la libertad sindical y la contratación.
En el presente trimestre se espera la visita de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo para formularle los planteamientos que afectan al movimiento sindical.
La ley concretamente viola los artículos 96 y 97 de la Constitución, relacionados con los derechos a la contratación colectiva y huelga.
Es por esas razones que la ley en cuestión se ha hecho muy polémica desde el mismo momento en que entró en vigencia, en mayo del año pasado.
Por otra parte, se habla de que la deuda del Estado con sus trabajadores está por el orden de los 20 millardos de dólares, cifra sumamente elevada.
No fue discutida
La Ley del Trabajo, tal como fue aprobada en su momento, no fue discutida con los diferentes sectores del país con el objetivo de lograr un consenso en torno a un instrumento tan delicado como éste.
Al formular su declaración, Pablo Castro, coordinador nacional del Frente Autónomo por la Defensa del Salario y del Sindicato (Fadess), dijo que el presidente de la República, Hugo Chávez, se valió de su condición de habilitado por la Asamblea Nacional para legislar.
La ley en cuestión estuvo lista en abril del año pasado y entró en vigencia en mayo, prosiguió. En ese momento denunciamos que algún articulado de la ley favorecía a los trabajadores en forma individual; pero, que eran afectados los derechos colectivos.
Solicitamos al Tribunal Supremo de Justicia, la nulidad de quince artículos que afectan los derechos colectivos; pero, a sabiendas que ese organismo está parcializado con el gobierno, lo hicimos como un requisito que se debe cumplir antes de acudir a la Organización Internacional del Trabajo, a la cual se adhirió Venezuela hace más de cincuenta años.
Estamos a la espera de que en el primer trimestre de este año, visite el país una comisión de alto nivel de la OIT y ante ellos haremos las denuncias respectivas.
Conviene señalar que el Comité de Libertad Sindical y las conferencias que se realizan tradicionalmente en mayo o junio de cada año recibe los planteamientos que hacen las organizaciones sindicales. En esas reuniones participan, además de sindicalistas, representantes del sector público y del privado.
Hay una comisión de normas de la Organización Internacional del Trabajo, la cual es la encargada de conocer todas las denuncias formuladas sobre violaciones a la libertad sindical y todo lo concerniente a las trabas que se le ponen a los trabajadores en el mundo.
Esto es posible porque así está establecido en el convenio 87 de la mencionada organización y nuestro país, que lo suscribió, lo recoge también en la propia Constitución.
Pablo Castro acotó que este año está prevista la aprobación, por parte de los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, la ley de los Consejos de Trabajadores, que es un proyecto que viene aupando el gobierno en todo el país.
Igualmente se ha anunciado desarrollar las nuevas inscripciones de las organizaciones sindicales, ya que según la nueva ley, tienen que volver a inscribirse y ajustar cada organización de acuerdo a los lineamientos de la ley.
En cuanto a la contratación colectiva que el gobierno nacional mantiene congelada, ya el año pasado hubo una reunión de Fadess con los directivos de la UNT, con el fin de constituir una mesa que analice ese asunto, así como el incumplimiento de los contratos vigentes, los despidos injustificados, la criminalización de la protesta, la situación los dirigentes que se encuentran bajo régimen de presentación a los tribunales de la República, cuyo caso más emblemático es el de Rubén González, máximo dirigente de los trabajadores de Ferrominera, quien fue reelecto en las últimas elecciones no obstante la presión ejercida por el oficiallismo.
En el primer trimestre del año, Fadess tiene en su agenda un plan de acción en defensa de los derechos de los trabajadores.
Todos los expedientes sobre los asuntos mencionados están recopilados y se hará entrega a la OIT.
Además, se tiene una denuncia en torno a los vicariatos que han sido cometidos, sobre todo en perjuicio de dirigentes de los sindicatos de la construcción, sin que hasta ahora se haya producido una investigación seria que llegue a establecer responsabilidades de quienes utilizan ese método para intimidar, lógicamente, al movimiento sindical.
Se trata de un asunto muy grave, por cuanto según Provea, en el curso de los últimos seis años han sido asesinados doscientos dirigentes sindicales, cuyos motivos tienen que haber sido investigados profundamente; pero, no ha habido interés en hacerlo…
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