Representantes de los poderes legislativos de la región y el país manifestaron su rechazo hacia la forma en que se manejó la requisa del Centro Penitenciario de Centroccidente, mejor conocido como la Cárcel de Uribana. También criticaron que Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, haya optado por culpar a los medios de comunicación y a la oposición de la violencia desatada el viernes en el penal.
Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2012, durante la instalación de la piedra fundacional del nuevo Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas Judiciales, Varela informó que se realizaría una “requisa profunda” al centro penitenciario. El anuncio se dio luego de que en la actividad se formara un tiroteo, en el cual resultó herido un trabajador de la obra, ubicada junto al penal.
Asimismo, Nelson Bracca, director de la cárcel, informó el pasado jueves a los medios de comunicación de la región sobre las acciones a ejecutarse el viernes, a los fines de tomar el control del recinto.
Por estas razones, los consultados se manifestaron en contra de la reacción de la ministra, a quien ya se ha conminado a que abandone el cargo, por considerarla incapaz de resolver la grave crisis penitenciaria que se vive en todo el país.
El diputado Alfredo Ramos solicitará formalmente la destitución de Iris Varela como ministra del Servicio Penitenciario, durante la sesión ordinaria que debe darse el próximo martes en el parlamento.
Considera que la funcionaria “es una irresponsable además de inepta, quien pretende ocultar sus desaciertos en la conducción de un ministerio que fue creado para ella”.
El parlamentario opositor criticó que se buscara endilgar la responsabilidad de la violencia a los medios de comunicación y a los factores de oposición. Aseguró que acudirá a todas las instancias “porque ya basta que en este país reine la impunidad”.
Ramos se reunirá con pastores evangélicos y familiares de los reclusos para emprender acciones de denuncia ante lo que considera es “una masacre jamás vista en casos de cárceles”.
Expone que el Gobierno no puede continuar señalando a los familiares de los reclusos por la existencia de armas, ya que considera que este fenómeno se debe a complicidad con las autoridades encargadas.
Diputamos deben intermediar
Además de encargarse de las negociaciones para la liberación de los presos políticos, el diputado Edgar Zambrano solicitará al Bloque Parlamentario del estado Lara, presidido por el diputado Julio Chávez, convertirse en intermediarios para lograr la solución a la crisis que presenta el Centro Penitenciario de Centroccidente.
Zambrano considera que los procedimientos realizados para controlar el penal deben formar parte de una política para mejorar la convivencia entre los presos, la cual esté orientada a fortalecer los criterios de reinserción social, tal como lo establecen la Constitución nacional y las leyes.
“Se ha creado una situación en los reclusorios que sobrepasa cualquier capacidad de asombro. El Estado tiene por mandato de ley, y su propia razón, retomar el control perdido desde hace años de los recintos penitenciarios. Ahora la metodología que se implemente debe formar parte de un proceso de conciliación entre los factores que circundan este grave problema de los procesados y penados”.
Fotos: Archivo
