El Gobierno de Venezuela ha comenzado a magnificar a los enemigos de siempre, en lo que algunos ven como un viejo ardid para mantener el apoyo popular y desviar las inquietudes sobre la salud del ausente presidente Hugo Chávez.
Amenazas de expropiaciones, sanciones a empresas y hasta un complot de magnicidio surgieron en los últimos días desde el Gobierno socialista, que ha sido encargado al vicepresidente Nicolás Maduro mientras un silencioso Chávez convalece en Cuba de su cuarta operación contra un cáncer en un año y medio.
«Tenemos que repetirlo, ratificarlo, tenemos que trabajar mucho porque estamos frente a un monstruo», afirmó Maduro la semana pasada en un mitin en el que fustigó a la oposición doméstica y al imperio encarnado en la derecha internacional.
Maduro, eventual heredero político designado por Chávez, no tiene el carisma del líder venezolano pero se ha esforzado por acercarse a otras corrientes del heterogéneo Partido Socialista, donde se codean desde militares hasta empresarios en una amalgama que analistas dicen que sólo Chávez mantiene unida.
Para alejar los rumores de rivalidades, otro de los hombres fuertes del partido, el teniente y presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, se ha abrazado con Maduro en actos desde que Chávez partió a La Habana el 10 de diciembre.
Avivando la idea de que el enemigo de la «revolución bolivariana» está al acecho, Maduro, un ex chofer de autobús, aseguró esta semana que el Gobierno detectó grupos infiltrados en el país para atentar contra él y Cabello, sin dar detalles.
«Miren el lenguaje que utilizan, el lenguaje despectivo de una oligarquía que jamás podrá entender quiénes somos nosotros (…); ellos dicen que hay que sacar del medio al tenientico y al autobusero», disparó el vicepresidente.
Chávez, que en octubre ganó los comicios para extender su mandato a casi dos décadas pero aún no pudo asumir oficialmente por la enfermedad, denunció en el pasado planes para asesinarlo sin dar muchas pruebas.
«Es un pote de humo rojo, para que el pueblo hable de magnicidio y así pretender tapar la crisis de gobernabilidad existente en el país», dijo el diputado opositor Abelardo Díaz.
En un discurso emocional, Maduro también arremetió hace poco
contra los empresarios, a los que acusó de impulsar «una guerra psicológica para desmoralizar y confundir a nuestro pueblo».
UN MAL NECESARIO
Uno de los más viejos y enconados rivales de Chávez ha sido el canal de televisión Globovisión, que tiene una dura línea editorial opositora.
El Gobierno ha acusado a sus dueños incluso hasta de acaparar vehículos.
En el más reciente giro del pleito, la reguladora Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un proceso administrativo contra el canal de televisión, después de que altos funcionarios de Chávez lo acusaran de violar la Constitución por «desacato a las leyes y legitimidad del gobierno».
Si el canal fuera hallado culpable, podría verse obligado a salir del aire hasta por 48 horas.
«Cada vez que el Gobierno está en aprietos, cada vez que el Gobierno se ve en una situación complicada, lo que busca es censurarnos y desviar la atención», sostuvo Carlos Alberto Zuloaga, vicepresidente ejecutivo de Globovisión.
Los venezolanos enfrentan problemas cotidianos como el desabastecimiento ocasional de productos básicos, la galopante inflación y la delincuencia, además de la información oficial sobre el estado de Chávez que fluye a cuentagotas.
«Ahora no tenemos presidente y nadie habla claro sobre eso, hablan de que van a matar a Maduro y de otras cosas, pero no nos dicen cómo está Chávez. Ya ni los reportes médicos los pasan», sostuvo Lizbeth Sandoval, una empleada privada de 27 años.
Para contrarrestar las preocupaciones de la gente sobre el desabastecimiento, Maduro ha alentado a organismos de control a inspeccionar bodegas, fábricas y centros de producción con el fin de que los esquivos productos de primera necesidad vuelvan a las estanterías y no queden en manos de «acaparadores».
Pero los productos incluso faltan muchas veces también en las góndolas de las tiendas oficiales de abasto creadas por el Gobierno para garantizar el suministro de alimentos, donde se venden productos de industrias estatales.
Una de las inspecciones ordenadas por Maduro incautó al embotellador de Pepsi más de 9.000 toneladas de azúcar, elemento básico para elaborar refrescos.
La firma condenó la confiscación como «ilegal» debido a que se trata de «azúcar refinada de uso industrial, materia prima para apenas 27 días de producción» y que es parte de una compra hecha a Guatemala con permiso del Gobierno.
«Suplir un líder que controlaba férreamente el poder tiene dos posibles vías: negociación o radicalización», escribió el analista Luis Vicente León. «Si partimos de que Maduro es menos fuerte que Chávez, el riesgo de que su ruta de control sea más radical es alto», añadió.
Un estudio de la encuestadora Hinterlaces terminado a mediados de enero reveló que un 26 por ciento de los partidarios de Chávez considera que la ausencia del mandatario le afecta en lo emocional.
El Gobierno ha organizado dos marchas de apoyo a Chávez mientras el mandatario usualmente omnipresente por la televisión mantiene un silencio total.
«Cuando la gente siente que Chávez o el proceso está en peligro, sale a la calle a defenderlos», sentenció una funcionaria desde el palacio presidencial de Miraflores.
