#opinion: Democracia traicionada por: Ingrid Jiménez

Recientemente el prestigioso diario francés Le Monde se refería a las diferencias abismales con que América Latina había reaccionado a las crisis políticas en Paraguay y  Venezuela. Mientras que la destitución de Fernando Lugo como presidente del Paraguay por parte de la Cámara de Diputados mediante un procedimiento de dudosa legitimidad democrática concitó la condena inmediata de casi toda la región, el zarpazo a la Constitución perpetrado por la camarilla que gobierna a Venezuela de espaldas a la voluntad popular, no sólo no fue rechazado por los gobiernos latinoamericanos, sino que recibió el apoyo entusiasta de los países del Alba y de Uruguay.
Sin embargo, las diferencias entre uno y otro caso son notables. Si bien podemos objetar la rapidez con la que se dio el proceso de destitución de Lugo, no cabe duda que todo se realizó en el marco de la Constitución y bajo la actuación independiente de los poderes públicos. Ahora bien, el costo para el pequeño país ha sido grande, porque fue suspendido del Mercosur (convenientemente para ingresar a Venezuela) y prácticamente aislado de la comunidad latinoamericana. Lo paradójico es que los Estados que lideraron esta iniciativa fueron los del ALBA: Venezuela, Ecuador y Nicaragua, países que son cuestionados por organismos internaciones de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales por su tendencia creciente al autoritarismo.
Contrariamente al caso paraguayo, lo que ocurre en Venezuela no ha prendido las alarmas en la región. En nuestro país se violó la Constitución abiertamente por parte de los propios poderes públicos. Ante la imposibilidad del Presidente de asumir su cuarto mandato el pasado 10 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia confeccionada a la medida del PSUV que garantiza la “continuidad administrativa” del régimen, llegando al extremo de señalar que sólo el Presidente puede decretar su propia falta.
Ahora bien, la salida constitucional era sencilla: Decretar la falta temporal del Presidente, y por ende la asunción del presidente de la Asamblea Nacional por 90 días, prorrogables por 90 días más. Al mismo tiempo, se ha debido convocar una junta médica que determine si la falta del Presidente es temporal o absoluta para activar los mecanismos constitucionales. Sin embargo, hasta el momento los venezolanos no conocemos el estado de salud del Presidente, quien se encuentra en Cuba desde más de un mes y carecemos de un parte médico; sólo debemos conformarnos con escuetos comunicados políticos del ministro de información que no aclaran para nada el panorama.
En definitiva y de acuerdo con estas acrobacias jurídicas del PSUV, tenemos en Venezuela al Presidente electo gravemente enfermo en otro país, y a un gobierno de facto encabezado por Nicolás Maduro, dado que el período constitucional terminó el día 10 de enero y el Presidente no se ha juramentado.
Así las cosas, la ruptura del orden constitucional en Venezuela no ha suscitado ninguna reacción en la comunidad internacional, ni mucho menos en la OEA, supuesta garante del orden democrático en la región. El inefable secretario general José Miguel Insulza, ignorando la Carta Democrática Interamericana ha dicho que: «respeta cabalmente» la decisión tomada por los poderes constitucionales venezolanos». Esta interpretación interesada deja por fuera la consideración conocida por todos, que en Venezuela los poderes públicos hace más de una década dejaron de ser independientes y se encuentran al servicio del Presidente y el PSUV.
Su posición fue rápidamente respaldada por Brasil, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina, dado los grandes intereses económicos que están en juego, que sin duda benefician enormemente sus economías en detrimento del aparato productivo venezolano. Como queda demostrado la política de la compra de la conciencias no sólo es efectiva internamente, sino también en el seno de la sociedad internacional.