El diputado por el estado Lara, Edgar Zambrano, cuestionó que en el marco legal vigente se le nieguen beneficios procesales a prisioneros que tienen plena opción a los mismos. “Es violatorio de los derechos humanos, una negación de justicia y, además, es contrario a todo principio democrático, mantener en prisión a un grupo de venezolanos que, por distintas vías de la norma procesal penal del país, son objeto de beneficios que les permitirían retornar a sus hogares y estos le son negados por los tribunales de la causa”, manifestó Zambrano mediante una nota de prensa.
Añadió que ello constituye una especie de doble condena a las personas a quienes se le niegan los beneficios, afectando también a los familiares. “Se condena a las madres, esposas, hijos, familiares y amigos, se castiga la solidaridad sembrando la desesperanza y carencia de respeto por las instituciones del estado”, puntualizó.
Refirió, además, que dicha situación se convierte en un problema capital cuando sus protagonistas son hombres y mujeres de escasos recursos económicos, dependientes de un salario mínimo para mantener familias que cuentan con más de 8 integrantes.
“Esto hace que el ingreso familiar se traduzca en un medio única y exclusivamente para atender al privado de libertad como sucede dramáticamente con los funcionarios de la Policía Metropolitana, sometidos a los rigores de la cárcel, quienes ya deberían estar disfrutando del calor de la familia, del reencuentro con sus seres queridos, forjando el replanteamiento de sus vidas, luego de haber cumplido privados de libertad, las sanciones emitidas por el fallo judicial”, indicó el parlamentario opositor.
Asimismo, comentó que también esperan las citadas medidas para el comisario Iván Simonovis y la jueza María Lourdes Afiuni, quienes han venido padeciendo de una gravosa situación de salud que amerita la atención del estado venezolano.
“Ante estas circunstancias hemos estado oficiando de manera reiterada al Poder Ejecutivo, a través del ciudadano vicepresidente de la República Nicolás Maduro Moros, al presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, a la presidenta de la Sala Penal del TSJ, magistrada Deyanira Nieves, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a la procuradora general de la República, Cilia Flores, y otros actores de vital importancia, para la toma de decisiones correspondientes en concordancia con el llamado a diálogo nacional que de manera imperativa anunció al país el Presidente días previos a las elecciones del 7 pasado de octubre”, finalizó.
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