Para que tenga éxito la presión internacional de la oposición venezolana sobre su denuncia a la violación de la Constitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que implantó el régimen vencido el 10 de enero, se requiere apoyo de varios países latinoamericanos.
Coinciden en tal apreciación el ex diplomático y analista internacional Julio César Pineda y el politólogo Timoteo Zambrano, quien tiene amplia experiencia como parlamentario latinoamericano, quienes fueron consultados, telefónicamente, por reporteros de EL IMPULSO.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dirigió sendas correspondencias al secretrio general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; y a Ignacio Mendoza Unzaín, presidente del Parlamento de Mercosur, planteando la situación originada desde el 10 de enero de este año cuando el presidente de la República, Hugo Chávez, debió comparecer a la Asamblea Nacional para tomar juramento para su nuevo período de gobierno.
Según la Constitución al no presentarse, ha debido ser juramentado como presidente temporal el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien debía en el transcurso de treinta días convocar a un nuevo proceso electoral para escoger al nuevo Presidente de la República.
Sin embargo, la Sala Constitucional se reunió para producir una sentencia mediante la cual los magistrados determinan que no se puede declarar la ausencia del jefe del gobierno si éste no lo participa mediante carta en la que exponga las razones.
Aún más, la presidenta de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia no acordó la designación de una junta médica para precisar la situación de la salud de Hugo Chávez, quien se encuentra hospitalizado en Cuba, donde según el gobierno fue intervenido el 11 de diciembre del año pasado.
Pidió Aveledo convocar al Consejo Permanente de la OEA, por una parte; y aplicar el Protocolo de Ushuaia, el cual rige para el ejercicio del legítimo poder y los principios democráticos.
Venezuela podría negarse
La oposición necesita del apoyo de uno o varios gobiernos de la región, dijo Julio César Pineda. Es posible que lo tenga para plantear el caso.
La Carta Democrática da la posibilidad pero, depende del voto interno si se va a convocar o no.
Hay países, como Panamá y Paraguay, e incluso México, que han sido favorables a lo que la oposición venezolana ha planteado en la OEA.
La carta que ha enviado Aveledo es un mecanismo para abrir la posibilidad de que se convoque o no el Consejo Permanente de la OEA, que está integrado por los embajadores de los 24 países que conforman la organización y se pueda llevar a cabo el debate para tratar todo lo relacionado con la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La reunión plenaria podría decidir si es válida o no la consulta que está planteando la Mesa de la Unidad Democrática.
El Consejo se puede reunir inmediatamente porque todos los embajadores se encuentran en Washington.
Puede ser una reunión extraordinaria o dentro del temario que tiene la organización.
Sin embargo, advierte el Dr. Pineda, las decisiones que se tomen en la reunión no tienen carácter coercitivo y como Venezuela está tratando de alejarse del Sistema Interamericano con su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde podría pasar la demanda de este caso, nuestro país puede negarse.
Es más fuerte la tesis de Mercosur, porque tiene una cláusula democrática que obliga a los países signatarios a cumplirla estrictamente y, como sabemos, Venezuela es integrante de ese Mercado.
Aunque la OEA es continental, observa, Mercosur es más directa.
Situación complicada
En opinión de Timoteo Zambrano los sectores democráticos tienen que recurrrir a las instancias donde Venezuela tiene tratados y convenios firmados, los cuales debe cumplir.
Pero, no hay que olvidar que la OEA es un escenario completamente de gobiernos y si la solicitud no es respaldada, el planteamiento de la MUD es difícil que se pueda concretar.
Y el caso de Mercosur, la carta no ha sido enviada a los organismos ejecutivos de los gobiernos.
El tratado que le da vigencia al Parlamento estaría obligado a escuchar la solicitud venezolana.
Pero, ese parlamento está en este momento en inactividad justamente por el problema paraguayo, lo cual ha impedido que se haya instalado la legislatura porque hay una diferencia mantenida por Argentina y Brasil en relación a si deben incorporarse los diputados paraguayos electos.
Esa es una actitud violatoria al tratado y los estatutos del propio Parlamento de Mercosur.
Al activarse, se podrá ejercer la solicitud de la MUD.
En síntesis, es una situación complicada porque la sentencia del TSJ estaría respaldada por Mercorsur, aunque no esté actuando su Parlamento.
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