Tras varias semanas de conjeturas y manejo de distintos escenarios y tesis interpretativas de la Constitución, el oficialismo finalmente deja clara su postura frente a la ausencia del Presidente este 10 de enero y esboza una tesis absolutamente inconstitucional y temeraria: la continuidad administrativa del Gobierno actual, sin que el presidente reelecto jure cumplir la Constitución y tome posesión del cargo para el nuevo período, todo fundamentado en la estrafalaria hipótesis según la cual “la toma de posesión establecida para el 10 de enero del primer año del período es un mero formalismo”.
Este columnista es de quienes piensa que efectivamente el presidente electo no pierde su carácter de tal si por algún motivo sobrevenido no se presenta a la Asamblea el 10E a tomar posesión. De hecho, seguro estoy que si hubiese ganado la Alternativa Democrática el pasado 07 oct y fuera Henrique Capriles quien estuviera hoy hospitalizado, nadie de este lado de la acera sostendría esa tesis, a pesar de que evidentemente lo de Capriles si sería una causa genuinamente sobrevenida, lo que es difícil de sostener para el caso del Presidente, quien padece un cáncer desde hace más de año y medio y era posible prever esta recaída en el corto plazo, ya que a finales de febrero de 2012 él mismo anunció una recurrencia de su enfermedad y fue a operarse por tercera vez a la Habana.
De igual forma, somos de quienes también pensamos que acogerse a la tesis de la falta temporal del presidente electo a partir del 10E era políticamente viable y aceptable para el oficialismo y estaba perfectamente apegado a la Constitución, por cuanto la analogía es fuente de derecho y era posible aplicar las normas de las faltas temporales del presidente en ejercicio a las de un presidente electo, con lo cual se ponía a rodar un lapso de 90 días –sólo prorrogable por 90 días más tras un debate en la AN-, y que permitía a ambas partes tener un esquema cierto y constitucional sobre la situación y eventual sucesión presidencial.
En ese esquema estaba, además, más que claro que es el Presidente de la Asamblea Nacional quien debía encargarse de la presidencia, por ser representante de un Poder electo por el pueblo, porque así lo prevé la Constitución para cubrir las faltas del presidente electo mientras se celebra una nueva elección, y porque -SIN LUGAR A DUDAS- el mandato del Vicepresidente se extingue el 10 de enero –haya o no haya toma de posesión- al ser la fecha en que culmina el período constitucional y comienza otro para el cual no ha sido designado.
Pero apegarse a la Constitución es muy difícil para este Gobierno. Una vez más han sido capaces de esbozar la tesis más retorcida para justificar cualquier barbaridad, y hoy sostienen la aberrante posición de que, siendo Chávez un presidente reelecto, no hace falta que tome posesión y se juramente para que él y su gobierno sigan en ejercicio de sus cargos, lo cual no aguanta la más mínima discusión seria.
Ante esta abierta violación de la Constitución, no dudamos en señalar lo siguiente: 1) Nicolás Maduro a partir del 10E es un USURPADOR del cargo de Vicepresidente de la República y sus actuaciones son írritas y nulas en consecuencia; 2) el pretendido Gobierno que se constituye es de facto y no tiene legitimidad de origen; 3) en Venezuela se está dando una variante muy particular de Golpe de Estado y así debe ser denunciado nacional e internacionalmente; y 4) la soberanía del país está seriamente comprometida y queda claro que Venezuela está siendo en realidad gobernada desde Cuba.
Frente a estas realidades, todos los sectores democráticos del país debemos estar unidos en la lucha por recuperar la democracia y restituir el imperio de la Constitución de 1999.
Diputado al Consejo Legislativo de Miranda y Subsecretario General Nacional de ABP
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@CiprianoHeredia
