«Ningún juez en Venezuela pierde su cargo por aplicar más pena de la que corresponde, pero sí puede quedar destituido en el acto por dar una libertad» «El Poder Judicial no puede estar sometido al Ejecutivo, sino al revés el Poder Judicial debe controlar al Gobierno»
Para Blanca Rosa Mármol de León el comportamiento de la Sala Constitucional del TSJ en estos años no ha contribuido en nada a fortalecer al Poder Judicial
Hoy, por última vez, volverá al despacho que ha ocupado estos doce años, pero no será para redactar una sentencia más ni para firmar otro de sus innumerables votos salvados, con los cuales ha expresado en estos años su desacuerdo con el criterio de la mayoría de sus compañeros, sino que irá para entregarle la oficina del cuarto piso del edificio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a su suplente Elza Gómez; y con ello la ya magistrada jubilada Blanca Rosa Mármol de León pondrá fin a una carrera de 38 años dentro del Poder Judicial.
Con motivo de su retiro la hasta ahora miembro de la Sala Penal conversó con El Universal sobre su paso por el máximo juzgado, hizo una evaluación sobre la situación de la justicia venezolana y se refirió a un hipotético fallo de la Sala Constitucional que avale la tesis del Gobierno, según la cual el reelecto presidente Hugo Chávez podrá seguir gobernando el país a partir de este jueves, aunque su salud le impida juramentarse.
-La Ley del TSJ abría las puertas para que los magistrados cuyos períodos vencieron el mes pasado pudieran seguir en sus cargos hasta que el Parlamento nombrara a sus sustitutos. ¿Cómo valora la sentencia de la Sala Constitucional que les dijo que debían irse el día que expiraba sus mandatos y que serían sustituidos por los suplentes?
-Esa sentencia no resiste el menor análisis jurídico, es precipitada y contraria a la Constitución y la Ley. Ellos expresamente eliminan todos los lapsos, la audiencia, las notificaciones a las partes y pasan hacer esa interpretación de que procede la convocatoria de los suplentes para nosotros, pero al mismo tiempo y muy convenientemente, al menos para dos magistrados de la Sala Constitucional, deciden que ya no completarán el período de aquellos magistrados a quienes sustituyeron sino que tendrán un período de 12 años. Es increíble, ellos fueron jueces y partes.
-¿Por qué no ha interpuesto ningún recurso si cree que el fallo es inconstitucional?
-No hay ninguna acción que interponer, lo que quedaría sería ir a la Corte Interamericana. Bueno es recordar el caso de la decisión del 11 de abril, donde no se dijo que no había habido un golpe de Estado sino que no estaba tipificado ningún delito. Esa decisión fue revisada por esa Sala, la cual anuló la sentencia de la Sala Plena. Cuesta decirlo, pero los magistrados del TSJ no tienen un recurso contra un fallo de la Sala Constitucional. Siempre se debe recordar que esta Sala, que es del mismo tribunal, sacó a sus pares. Ellos por ser Sala Constitucional no están encima de las demás salas.
-Pero en la práctica lo está, porque ella tiene el poder de interpretar la Constitución; y de revisar leyes y sentencias de otros tribunales, lo cual es mucho poder.
-Sí, por eso creo que es necesario que se elimine.
-¿Eliminar la Sala Constitucional?
-Sí, porque no ha servido más que para hacer interpretaciones que han perjudicado en nuestros derechos constitucionales. La Sala, en estos años, no ha hecho más que interpretaciones a favor del Gobierno y ha ido en contra de la justicia.
-¿Y quién interpretaría la Constitución?
-Es mejor crear un Tribunal Constitucional aparte, porque al estar la Sala Constitucional dentro del TSJ se permite interferir en decisiones de sus pares e incluso en aquellas de la Plena donde sus integrantes participan.
-Volviendo al fallo de los magistrados cuyos períodos expiraron. ¿Usted cree que los miembros de la Sala Constitucional incurrieron en un error grave?
-Más que en un error grave creo que abusaron de su poder.
-El país ahora está a la espera de que la Sala Constitucional despeje las dudas en torno a la posesión del Presidente y muchos ya dan por descontado que avalará la tesis del Gobierno, según la cual el mandatario puede seguir al frente del Gobierno aunque no se juramente.
-Eso sería otro ejemplo de las interpretaciones a conveniencia del Gobierno, porque la Constitución es muy clara a la hora de fijar el inicio y el fin del mandato presidencial.
-¿En estos doce años que pasó en el TSJ cree que la justicia venezolana avanzó o involucionó?
-En estos doce años en el TSJ nunca vi tanta injusticia. El balance es completamente negativo por varias razones: La primera fue la famosa limpieza del Poder Judicial que se hizo con la instalación de la Constituyente, la cual se inició con las destituciones masivas de jueces y luego continuó con la flexibilización de los requisitos para jubilarlos, gracias a esto salieron jueces malos pero también muchos buenos. La segunda es la pérdida absoluta de la autonomía de los jueces. Ahora tenemos jueces que son llamados por los presidentes de circuitos para decirles cómo deben decidir. Eso pasa en la jurisdicción penal.
La tercera razón tiene que ver con la rigidez de criterios que responde a una línea política y gracias a la cual se le ha dado el calificativo de lesa humanidad a delitos que no lo son como el narcotráfico, lo cual ha permitido que se cometan excesos como negarle beneficios a ciertos procesados o condenados y eso ha contribuido a agravar la crisis penitenciaria. Y, por último, está la interferencia que ejerce la Sala Constitucional, instancia que revisa las decisiones de los tribunales de instancia y les da órdenes mediante esos fallos con carácter vinculante, pese a que la Constitución reserva esa posibilidad a aquellas que tienen que ver con Derechos Humanos. Todo esto ha hecho que se hayan cometido innumerables injusticias. He perdido la cuenta de cuántas personas están en las cárceles y que no deberían estar allí.
-Muchos se preguntarán por qué no hizo nada.
-El TSJ es un organismo colegiado y mis criterios siempre estuvieron en minoría, pero siempre alcé mi voz, a través de los votos salvados, ante las injusticias que ví. Nunca convalidé una injusticia.
-Usted ha mencionado varios elementos que atentan contra la correcta aplicación de la justicia y entre ellos mencionó la falta de independencia de los jueces. ¿Esa falta de autonomía no viene dada por el altísimo porcentaje de provisionalidad?
-La temporalidad de los jueces los hace extremadamente susceptibles a la hora de tomar decisiones e incurrir en injusticias. ¿Por qué? Porque sino no toman la decisión que en un momento se espera o se desea son removidos sin juicios. Gracias a esto, y al efecto Afiuni, tenemos unos jueces vulnerables.
-¿Qué la sociedad no se alarme porque una jueza sea arrestada por una decisión o cuando la Presidenta del TSJ dice que la separación de poderes debilita al Estado no revela que la democracia está enferma?
-Claro, se ha producido una especie de indolencia que hace que no se perciba la gravedad de la situación y es lo que me ha llevado a repetir que en el país donde los jueces tienen miedo los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Lamentablemente los ciudadanos no aprecian la importancia del debido proceso hasta que no sufren el indebido. Hasta que no son víctimas de atropellos no se dan cuenta de lo que significa tener el proceso consagrado en el COPP y tener jueces que lo apliquen. Después de la vida el derecho más preciado es la libertad y la libertad de los venezolanos está en una situación de suma gravedad, porque en la mayoría de los casos, está en manos de gente no preparada.
-Durante estos últimos años usted fue la única voz en el TSJ que se alzó su voz cuando creyó que se cometía una injusticia y eso le causó problemas, porque hasta trataron de destituirla. ¿Su caso no demuestra que el ejercicio de la libertad de expresión trae consecuencias?
-Por supuesto. Ejercer la libertad de expresión y disentir acarrea consecuencias. A mí me llevaron al Consejo Moral por la toma de una decisión, como a la jueza Afiuni. El hecho de ser una voz disidente es mal visto y hasta en una ocasión la Presidenta del TSJ pidió un voto de censura en mi contra por expresar mis opiniones.
-¿Cómo evalúa la gestión de Luisa Estella Morales?
-Muy insatisfactoria, pues no tiene clara su misión. El primer objetivo de la Presidencia del TSJ debe ser la independencia de los jueces, porque un Poder Judicial independiente es garantía de la democracia. El Poder Judicial no puede estar sometido al Ejecutivo, sino al revés el Poder Judicial debe controlar al Gobierno.
