El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, cuestionó si existe algún motivo sobrevenido que permita, según lo establecido en la Constitución, que el presidente Hugo Chávez se juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional, como está estipulado.
Expresó que es una realidad que «el Presidente en ejercicio está en Cuba permisado para someterse a un tratamiento para resolver sus problemas de salud» y que por ello «no va a poder presentarse a la AN el 10 de enero».
Insistió en que se han generado múltiples tesis que malinterpretan el artículo 231 de la Carta Magna, entre ellas la de considerar que la juramentación del jefe de Estado es mero «formalismo».
Alegó que no se trata de un «trámite» y que aunque Hugo Chávez sea Presidente reelecto de Venezuela el Gobierno no se puede quedar acéfalo mientras esté en Cuba recuperando su salud.
Aseguró que con la insistencia de que la toma de posesión sea el 10 de enero no se están desconociendo los resultados electorales del 7 de octubre, pero insistió en que las normas constitucionales son claras.
Advirtió que desde el partido de Gobierno se intenta «torcer el derecho par solucionar sus problemas políticos» internos. «Será que no quieren que Diosdado (Cabello) asuma», añadió.
Explicó que aunque el presidente Chávez no llegue a juramentarse en la fecha pautada no se declara de manera automática la «falta temporal». Esta debe ser declarada por la Asamblea Nacional, cuyo presidente asumiría la cabeza del Gobierno.
Para tal fin, el Parlamento debe convocar una junta médica que evalúe el estado de salud del Presidente. La falta temporal tiene una duración de 90 días, que puede ser prorrogable por 90 días más si la AN lo considerara necesario. Solo después de transcurridos los 180 días de la falta temporal se puede declarar la falta absoluta del primer mandatario.
Blyde recordó que la Sala Constitucional del TSJ ha interpretado en el pasado los artículos de la Carta Magna que establecen el inicio y fin de los períodos constitucional.
Destacó el caso del exgobernador del estado Carabobo Henrique Salas Feo, quien después de ser elegido en las regionales de 2008 fue obligado a juramentarse por mandato de la máxima instancia del Poder Judicial
