Terminó 2012 y sus últimas cifras de homicidios confirman la alarma expresada por distintas organizaciones de derechos humanos sobre el incremento acelerado de la violencia entre la población venezolana, así como el papel que juega la impunidad institucional en esta situación.
Al menos 5.680 asesinatos, según cifras extraoficiales, se produjeron tan sólo en Caracas durante todo el año que terminó, convirtiendo la ciudad capital en la más peligrosa del país y el continente, con una tasa de 122 homicidios por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con fuentes policiales no oficiales, el conteo entre el viernes 28 y el lunes 31 de diciembre de 2012 suma 43 cadáveres ingresados a la morgue de la jefatura forense del CICPC de Caracas; y de la misma sangrienta manera que terminó el año viejo, comenzó el nuevo, pues entre la madrugada del 1° de enero y la noche del 2, se registraron 21 muertes violentas.
Cabe destacar, el panorama contrasta con la versión oficial del ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien en declaraciones ofrecidas en octubre aseguró que la tasa de Caracas rondaba en los 62 homicidios, a la luz de una supuesta reducción de 30% en relación con el cierre de 2011, cuando ubicó el índice en 93 por cada 100 mil habitantes.
Preocupación
La muestra señalada tiene ecos en la preocupación expresada el pasado 27 de diciembre por la organización no gubernamental, Observatorio Venezolano de la Violencia, que dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León lanzó la cifra de 121.692 asesinatos como el número de cierre de 2012, ello según estimaciones “conservadoras”.
Cabe destacar, el índice nacional de criminalidad lo ubicó esa ong en 73 homicidios por cada 100 mil habitantes (apenas superado por Honduras en la región). Según esta misma fuente, 2011 concluyó con 19.336 muertes violentas.
“Las modalidades de violencia se han ido ampliando en el país. Los asesinatos se incrementaron en las casas y las calles. Los asesinatos se han convertido en una manera de ejecutar delitos contra la propiedad, un mecanismo para resolver conflictos personales o vecinales y una forma de aplicar justicia privada”, manifestó el OVV en su informe.
“La conciencia de las víctimas, sus familiares o compañeros de trabajo de que el delito quedará impune, pues no existirá castigo al agresor, ha llevado a las respuestas violentas a la violencia, como el linchamiento, el sicariato y la acción extrajudicial de la policía”, resaltó además.
Igualmente, de acuerdo con los planteamientos de Briceño León, toda esta situación se ve confirmada en el incremento de la privatización de la seguridad personal, ya que “ante la ausencia de medidas eficaces de protección de la población por parte de las autoridades, los ciudadanos de todos los sectores sociales han ido optando por medios privados de protección personal y, en algunos casos, también de aplicación de justicia privada”, señaló el documento.
Impunidad
La misma impresión general la tiene el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que desde esta especial perspectiva analizó la vigencia del respeto a los derechos civiles y políticos en Venezuela, entre el período 1998 y 2012.
“A pesar de la reducción de la pobreza y desigualdad, se incrementaron los homicidios. De 1997 a 2011 se produjeron un total 143.135 homicidios lo cual da un promedio anual de 9.542”, destacó la organización en un informe publicado el 10 de diciembre.
Así mismo, “la impunidad es una de las mayores fallas del sistema de administración de justicia en el país, ya que la no investigación y sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos favorece la persistencia de las violaciones”, agregó la ong.
Por otro lado, aunque vió como un hecho positivo los esfuerzos del Estado en promover el respeto a los DDHH en el lanzamiento de un nuevo modelo policial, la organización no gubernamental también señaló que la realidad muestra unos resultados escasos, al observar la persistencia de la práctica de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, así como también la violencia en las cárceles.
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