Con gran pesar, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) debe informar que durante el año 2012 se observó en Venezuela un incremento generalizado de la violencia, que fue el resultado de un aumento en su magnitud, en sus modalidades y en su extensión territorial.
La violencia se incrementó en su magnitud pues los asesinatos aumentaron a pesar de las diversas medidas adoptadas por el gobierno nacional para su prevención y control, algunas de ellas valiosas en su intención y diseño. De manera conservadora podemos estimar que el año 2012 concluirá con 21.692 personas fallecidas víctimas de la violencia, para una tasa de 73 muertes por cada 100 mil habitantes.
Con estas magnitudes, Venezuela se mantiene como uno de los países más violentos e inseguros del mundo y uno de los pocos en América Latina donde se incrementa el delito violento.
Las modalidades de violencia se han ido ampliando en el país. Los asesinatos se incrementaron en las casas y las calles. Los asesinatos se han convertido en una manera de ejecutar delitos contra la propiedad, un mecanismo para resolver conflictos personales o vecinales y una forma de aplicar justicia privada. Se ha notado un incremento de los homicidios múltiples, en los cuales varias personas resultan víctimas, por ser el objetivo de la acción criminal o por el simple hecho de encontrarse en medio de la acción violenta.
La violencia se incrementó entre los internos de las cárceles del país. Lo que se presumía debía ser el lugar más seguro se convirtió en un continuo campo de batalla, con la utilización de un armamento de guerra, para asegurar un territorio que debía de estar en manos del Estado.
Los secuestros se incrementaron y afectan a casi todos los sectores sociales del país. El año concluirá con 583 secuestros formalmente denunciados y miles que no se denuncian. El secuestro dejó de ser un delito que se dirigía a los ricos y afecta a las familias clase media y trabajadora. Las modalidades rápidas de secuestro han permitido la incursión de nuevas bandas que han cambiado la modalidad delictiva, aumentando los secuestros múltiples que son manejados de manera conjunta o separada, reflejando una mayor capacidad operativa en esos grupos.
La violencia hacia los funcionarios policiales también mostró un aumento importante y la pérdida de respeto hacia la autoridad policial se ha visto expresada hasta la agresión mortal. En 2012 murió 1 funcionario policial cada día. Estos venezolanos, que merecen el mayor respeto de la población y apoyo de las autoridades, fallecieron víctimas del delito, tanto en funciones de servicio como en su vida de ciudadanos comunes.
La conciencia de las víctimas, sus familiares o compañeros de trabajo de que el delito quedará impune, pues no existirá castigo al agresor, ha llevado a las respuestas violentas a la violencia, como el linchamiento, el sicariato y la acción extrajudicial de la policía.
En el año 2012 se observa un incremento de la privatización de la seguridad personal. Ante la ausencia de medidas eficaces de protección de la población por parte de las autoridades, los ciudadanos de todos los sectores sociales han ido optando por medios privados de protección personal y, en algunos casos, también de aplicación de justicia privada.
La violencia se ha extendido también por todo el territorio nacional. Si bien las mayores tasas se concentran en la zona central norte, hay una generalización de la violencia y cualquiera de las entidades federales tiene unas tasas de homicidios superiores a las de países como Colombia, Brasil o México.
En la zona central norte, la mayor tasa la tiene el Distrito Capital (con 122 por cada 100 mil habitantes), le sigue Miranda (100), Aragua (92), Vargas (83) y Carabobo (66).
En el oriente del país, la mayor tasa la tiene el estado Sucre (79) que ha tenido un notable crecimiento; le sigue Monagas (62), Anzoátegui (56) y Nueva Esparta (54).
De igual modo, Delta Amacuro, aunque con un número de casos menor, presenta una alta tasa de 87 muertes por cada 100 mil habitantes.
El estado Bolívar, con una tasa de 83 muertes por cada 100 mil habitantes, se convirtió en una de las zonas más violentas del país, igualando a Vargas.
La región andina mostró unas tasas bajas en relación a la media nacional, siendo Trujillo (55) la entidad con más alta tasa y Mérida (41) la más baja. Táchira se mantuvo estable (54).
En la zona central, los estados Guárico y Yaracuy tuvieron las tasas más altas, con 73 muertes por 100 mil habitantes, seguido por Cojedes (66) y Portuguesa (57). Lara tuvo la tasa más baja con 51.
En los llanos, Barinas tuvo una tasa de 52 y Apure de 47. En el occidente del país, el estado Falcón tuvo una tasa de 56.
El estado Zulia (44), junto a Amazonas (42) y Mérida (41), tuvieron las tasas más bajas del país.
A pesar de iniciativas valiosas, como la Misión A Toda Vida Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) o la campaña por el Desarme, la violencia en el país no se detiene, pues este tipo de acciones deben estar enmarcadas en una política general de valoración de la vida y respeto de la norma y la ley, una política de unión de los venezolanos.
Este diciembre se cumplen nueve años consecutivos de prohibición de difundir la información oficial sobre criminalidad y violencia. Por nueve años, el secreto de las estadísticas ha pretendido ocultar el dolor de tantas familias venezolanas que han sido víctimas del delito. Es tiempo de cambiar.
Una política pública que pretende revertir la violencia en el país debe ser transparente y plural, debe convocar a todos los venezolanos honestos y de buena voluntad para prevenir y controlar el delito y para que, más allá de las legítimas diferencias sociales y políticas, podamos construir un futuro común en convivencia y paz.
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