El sector inmobiliario ha sido impactado de manera negativa por las políticas económicas del Gobierno nacional. En materia legislativa, la implementación de normas sancionatorias mermó el desarrollo de proyectos en el país.
En este sentido, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, Shoymei Lau, destacó que en 2013 será necesario modificar la Ley de Arrendamiento de Vivienda, por sus efectos nocivos en el mercado. “Urge modificar la Ley de Arrendamiento y la ley contra la
Estafa Inmobiliaria. El Estado es dueño de nuestro dinero y lo maneja como se le antoja sin preguntarnos qué queremos. Los promotores inmobiliarios prácticamente quedamos atados de manos con todas esas normativas”.
La dirigente gremial señaló que la unidad de todos los venezolanos, en función del crecimiento del país, es una responsabilidad ineludible. “Lo más importante es la unidad en Venezuela. El vicepresidente Nicolás Maduro pidió la unión de todos los venezolanos y nos pareció muy acertado. Pero duró poco esa invitación. Ningún país puede funcionar cuando está dividido e inmerso en diatribas”.
A juicio de Lau, la división desvió la atención de las autoridades a las necesidades más apremiantes de la población. “Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a todos los partidos políticos a hacer un alto a las diatribas, y trabajar en función de la reconstrucción del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la confrontación?”, cuestionó.
La dirigente gremial reiteró que el sector inmobiliario se encuentra en crisis. “La Ley contra Estafa Inmobiliaria es altamente sancionatoria. Nuestro sector, y el agropecuario han sido los más golpeados por las erróneas políticas económicas del ejecutivo nacional. Rechazamos contundentemente esas medidas que nos llevaron al retraso”.
El ministro Giordani, dijo, ha impulso políticas económicas de la prehistoria. “Nos estamos convirtiendo en el país más atrasado de Latinoamérica, a pesar de tener una riqueza económica incalculable”.
Una realidad inocultable es el deterioro de los proyectos en construcción y la caída del mercado arrendaticio en la entidad.
El difícil acceso a los insumos básicos para construir vuelve cuesta arriba la actividad, y genera especulación.
Además, quienes no poseen recursos económicos para adquirir vivienda propia, tampoco tienen la posibilidad de arrendar inmuebles, por cuanto la oferta se extinguió en el mercado.
En este sentido, no sólo las grandes corporaciones y empresas padecen las consecuencias de la inseguridad jurídica, sino los ciudadanos comunes que aspiran a un techo digno donde vivir.
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