Fue una sorpresa incluso para Colombia, cuya historia es rica en sucesos inverosímiles: tras una serie de reuniones y contactos secretos, que increíblemente no trascendieron a la prensa en un país donde un secreto dura tanto como un suspiro, el gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron en septiembre un acuerdo para comenzar negociaciones de paz con una agenda cerrada y un plazo determinado.
El anuncio de los diálogos, que tomó desprevenidos al grueso de los colombianos, no sólo constituye en un nuevo intento por terminar con un conflicto armado que va para medio siglo y ha dejado a miles de civiles y combatientes muertos, sino que de la suerte de las conversaciones también dependería el éxito o fracaso de una eventual relección del presidente, según analistas consultados por The Associated Press.
Las suspicacias no se han hecho esperar, y no pocos han criticado a Santos por decir que los diálogos de paz debían tener límite y que se deben tener acuerdos concretos antes o más tardar en noviembre de 2013, que coincide con el término legal que un jefe de Estado colombiano para anunciar si competirá por un segundo período de gobierno.
Los comicios están previstos para mayo de 2014.
La guerra y la paz ha sido un factor crucial en los resultados electorales de los últimos tiempos, algo de lo cual Santos debe de tener plena conciencia, pues está en juego un segundo mandato y quizás el que Colombia llegue a un acuerdo de paz con la insurgencia.
La decisión «de si continúa en una campaña releccionista o no el presidente Santos… esa es una decisión personal y de quienes lo acompañan, pero esa decisión no puede interferir para nada el proceso de paz que está en marcha», dijo Carlos Lozano, editor del Semanario Voz del Partido Comunista colombiano, quien ha entrevistado a jefes de las FARC.
El temor, dijo Lozano a The Associated Press, es que se produzca alguna acción rebelde, tras el alto el fuego unilateral que declararon las FARC del 20 de noviembre al 20 de enero; o del gobierno, presionado por la campaña electoral, y que en uno u otro caso los actores se levanten de la mesa, den por terminado el diálogo y sean la negociación y los colombianos los que sufran las consecuencias.
Ya en el pasado, acciones de uno u otro bando han frustrado los diálogos. Ocurrió en febrero de 2002, cuando las FARC colmaron la paciencia oficialista al secuestrar un vuelo comercial y llevarse a un senador que presidía la comisión de paz, y los negociadores del gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) abandonaron la mesa. El secuestro del congresista se produjo tras otros varios plagios y ataques armados de la guerrilla.
Ese senador, Jorge Eduardo Gechem, fue liberado por las FARC de forma unilateral en 2008.
Fijar una fecha de noviembre, dice Lozano, «no es bueno porque puede generar la idea de que el presidente Santos tiene afán solamente para asumir el éxito de la paz… como una bandera releccionista y eso no es justo con el país, no es justo con la comunidad internacional, que tiene enormes expectativas de que este proceso de paz salga adelante independientemente de los procesos electorales».
Mauricio Vargas, quien fue asesor del equipo colombiano que negoció con la guerrilla en los años 90, cree que las FARC «van a tratar de prolongar al máximo la negociación… y me parece que, en eso, el presidente acierta diciendo `no lo voy a permitir » porque en experiencias pasadas, aseguró el analista y columnista, los rebeldes aprovecharon «para ganar tiempo, recuperar algo de presencia internacional, de lo que han recuperado, que es un poco de vocería» con constantes pronunciamientos públicos sobre diversos temas.
El analista Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, que estudia el conflicto armado interno, cree como Lozano que las FARC no se levantarán de la mesa, aunque por distintas razones: Lozano dice que sus jefes han empeñado su palabra en buscar una salida política al conflicto, en tanto Rangel cree que la insurgencia ha utilizado esos escenarios para fortalecerse y/o reorganizarse militarmente.
Vargas recordó que en los tres pasados intentos de negociaciones con las FARC, la guerrilla nunca ha abandonado las mesas de diálogo. De acuerdo con el analista ha sido el gobierno de turno quien lo ha hecho presionado políticamente por los medios o la población tras un ataque armado insurgente ante la falta de resultados de los diálogos, por ejemplo.
«Las FARC nunca se paran de la mesa… las FARC van a querer prolongar al máximo (las conversaciones). El gobierno quiere poner una fecha límite, pero esa fecha límite es también una fecha límite para el propio presidente en cuanto a todos aquellos temas que no son (parte de) la negociación, porque si no, (Santos) no se va a poder parar», dijo Vargas.
Si no avanzan temas como el empleo, la construcción de carreteras, las obras de mejoras tras las intensas lluvias que azotaron al país en 2010 y 2011 y tampoco lo hacen los diálogos, Santos puede tener problemas para retirarse de los diálogos, aunque lo quiera hacer, dice Vargas.
«¿Por qué? Porque si se para de la mesa va a estar con las manos vacías para empezar la campaña» releccionista, concluyó Vargas. «La gran pregunta es si el presidente va a tener los arrestos políticos para hacerlo (levantarse de la mesa) y eso no depende exclusivamente de su voluntad, sino que de aquí a noviembre el gobierno tenga cosas que mostrar».
«La relección esta sujeta al exitoso proceso de paz, así (Santos) baje los impuestos, así regale pan en la calle, lo único es el éxito de las negociaciones», dijo el senador Juan Carlos Vélez, del Partido de Unidad Nacional. Las FARC «no se pararán de la mesa, quién sabe Santos».
De todos modos, afirma el senador, el mandatario por ahora «tiene una zona de confort… es que no hay gallo (contrincante) que lo puede enfrentar».
Un grupo no gubernamental dijo que actualmente existe una suerte de empate entre los bandos negociadores. No un éxito rotundo ni para Santos ni para las FARC y la importancia de agotar los diálogos hasta que haya un resultado.
«La dinámica más amplia del conflicto también favorece un arreglo político», dijo en septiembre la organización no gubernamental Crisis Group en un informe titulado `Colombia, ¿por fin la paz?’.
«Ninguna de las partes tiene posibilidades de ganar sólo a través de las armas. Después de 50 años de guerra de guerrillas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos e indiferencia de ambos actores a la difícil situación de las zonas rurales, las comunidades en las regiones en conflicto han dejado de considerar a las guerrillas como defensoras de sus intereses y han perdido la fe en la capacidad y voluntad del Estado para resolver sus problemas», dice.
El informe destaca que por eso es necesario que las negociaciones «sean respaldadas por la activa participación y el apoyo de la sociedad civil. El resultado no sólo depende de la voluntad y habilidad negociadora de las partes», dice el informe.
En medio de las negociaciones con los delegados de ambos bandos en camisas informales y guayaberas, rodeados de un discreto anfitrión, el gobierno cubano, y minutos después de conocerse el anuncio del alto el fuego ordenado por las FARC, la Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció que aguas hasta entonces explotadas por Colombia en el mar Caribe fueron otorgadas a Nicaragua como una zona económica exclusiva de explotación.
El país centroamericano había instaurado un pleito en 2001 ante el tribunal internacional en busca de la soberanía de un archipiélago que Colombia argumenta que siempre ha ocupado y cuyo fallo le fue favorable.
Tras el fallo sobre la porción de mar, Santos no sólo vio caer 15 puntos su popularidad sino también el apoyo de la gente a los diálogos de paz.
De acuerdo con un sondeo de firma Ipsos-Napoleón Franco, la popularidad del presidente cayó del 60% en septiembre a 45% en noviembre. Peor aún, un 61% de los encuestados dijo estar en contra de una relección de Santos, siete puntos por encima del 54% de oposición que tenía en septiembre.
El pesimismo en torno a que las partes consigan un acuerdo de paz, según el sondeo, creció 13 puntos al pasar de 41% en septiembre a 54% en noviembre. La encuesta consultó a 1.006 personas del 23 al 25 de noviembre pasado. Tuvo un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.
En los acercamientos secretos iniciales, según han dicho Santos y algunos participantes en las gestiones, estuvo el hermano del presidente, Enrique Santos, ex director del diario nacional «El Tiempo» y quien conoce a varios miembros de la jefatura guerrillera, así como el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuya participación fue clave.
En la isla de La Orchila, en territorio venezolano, hubo reuniones secretas entre delegados del gobierno y de las FARC, de acuerdo con algunos facilitadores. Discutieron la agenda de temas a negociar en la mesa.
Versiones sobre las reuniones no tardaron en aparecer en la prensa local y cuando fueron `in crescendo’, ambos bandos, el cuatro de septiembre, destaparon sus cartas en una orquestada ceremonia de anuncios: primero del presidente en Bogotá, y luego los líderes rebeldes desde La Habana.
Las partes acordaron una agenda de seis puntos que acordaron entre las que están una reforma al sector agrario, la reparación de víctimas del conflicto armado y el problema del narcotráfico, y la participación política de los insurgentes, entre otros.
En 1964, cuando las FARC fueron fundadas, se trataba de un pequeño grupo de campesinos liberales que ya combatía a opositores del partido conservador en otro de los largos e intestinos conflictos colombianos.
Este es el cuarto intento entre el gobierno y ese grupo insurgente: hubo diálogos en los 80, en 1991 y 1992 en Caracas y luego en Tlaxcala, México. Naufragaron entre mutuas acusaciones de ataques y secuestros.
Un tercer intento se produjo en enero de 1999 en el gobierno de Pastrana cuando las FARC, que sumaban entonces más de 17.000 integrantes en armas, venían de protagonizar una seguidilla de devastadores golpes a militares y policías.
Pastrana ha dicho que así como a él los colombianos lo eligieron en 1998 para hacer la paz, en 2002 el voto fue para Álvaro Uribe para hacer la guerra, cuyo discurso de combate frontal contra las FARC caló en la mayoría del país.
Durante el gobierno de Uribe (2002-2010) y en lo que va del de Santos (2010-2014), las FARC empezaron a perder terreno: cayeron varios de sus jefes, Raúl Reyes; Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, su indiscutible jefe militar, y Alfonso Cano. Algunos de los más valiosos secuestrados de las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses, fueron rescatados junto con otros 11 militares y policías en poder de los rebeldes, en un operativo militar en 2008.
El máximo jefe y uno de los fundadores de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, falleció en 2008 presuntamente de un infarto, según ha dicho la guerrilla. La insurgencia también ha sido impactada por la deserción de sus miembros y hoy tienen entre 8.000 y 9.000 combatientes.
Entre cada fracaso y un nuevo intento de negociación transcurren varios años, incluso una década y se producen cientos de muertos y heridos, recordó el ex ministro del Interior y ex negociador de paz en Tlaxcala, Horacio Serpa.
Desde los diálogos de Tlaxcala «han pasado 20 años, 20 años ahora e Iván (Márquez, jefe negociador rebelde en Cuba), en la selva… ya ha visto que sus camaradas de dirección están muertos como Cano, como Reyes, el Mono Jojoy», dijo Serpa. «Su gran jefe (Marulanda) se murió de viejo sin ver la revolución. Duró más de 50 años tratando de hacerla. íCaramba!, eso tiene que incidir de alguna manera en el ánimo de la gente, es que Márquez y su gente son humanos también».
