Las calles de la ciudad de Barquisimeto están llenas de niños y adolescentes en situación de riesgo, problema que preocupa a toda la sociedad de esta región, sin que pueda hacer mucho para revertir este dantesco panorama que atenta contra la vida de esos venezolanos, sujetos de derechos y deberes, según el fundamento de la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente, la Ley de la Familia y la propia Constitución.
El Estado venezolano, a través de sus instituciones, también está en la obligación de brindar atención, protección y abrigo a estos seres, a quienes se les observa en las principales intersecciones viales, como la avenida Los Leones con avenida Lara, avenida Bracamonte con avenida Lara, avenida Libertador con avenida Bracamonte, avenida Libertador con Intercomunal El Cují y avenida Venezuela con avenida Vargas, por nombrar sólo algunas al este de la ciudad.
Son diversas las tareas que realizan estos jóvenes y los peligros que deben sortear a cada minuto entre los vehículos, que si bien se estacionan para esperar el cambio de luz del semáforo, deben continuar la marcha, muchas veces sin percatarse los conductores que ellos están parados en medio de las calles.
La mayoría de estos niños y adolescentes piden dinero a cambio de limpiar vidrios a los carros; otros venden cd, golosinas, jugos y agua, mientras a otros se les observa dentro de busetas solicitando ayudas económicas y comercializando chucherías.
Se atienden
Consultada la doctora Luisaura Ravicini, presidenta del Consejo Municipal de Derecho del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren, habló sobre el arduo trabajo que esta institución viene realizando acerca de este tema.
Dijo que la alcaldesa logró la conformación de un equipo multidisciplinario de 250 defensores de niños, niñas y adolescentes, que involucra a psicólogos, sociólogos, psicopedagogos y docentes, quienes a su vez son defensores, están distribuidos en todas las parroquias para atender cada caso, puesto que todos son distintos dependiendo de la idiosincrasia, cultura, condiciones de vida y hábitat de cada comunidad.
Indicó que al grupo se le unieron personas comprometidas con la Iglesia católica, adventista y cristiana evangélica, quienes llegan hasta los sitios más recónditos para abordar la parte espiritual de la familia tendiente al rescate de valores.
Destacó que trabajan con el programa Plan Victoria que se encarga de la atención integral de todos los niños en situación de vulnerabilidad, y el programa Educadores de Calle que aborda al niño desde la familia y las instituciones escolares.
Significó la importancia de haber atendido hasta ahora más de mil familias, equivalente a más de diecinueve mil niños.
Adelantó que para el año 2013 será reforzado el Plan Victoria. Es su principal objetivo concientizar a las comunidades y hacerles entender a las personas que darle dinero a un niño en situación de riesgo no ayuda al joven a cambiar, por el contrario, lo lleva a permanecer en la calle “y no le estamos enseñando a vivir con dignidad”.
Manifestó que a esta labor se suman operativos con funcionarios de la Oficina Nacional Antidroga (ONA), quienes velan para que los niños, niñas y adolescentes se mantengan apartados del problema de adicción de droga, cigarro y alcohol, en conjunto con el Ministerio Público para garantizar la legalidad de los procedimientos.
Expuso que el éxito obtenido hasta ahora consiste en el seguimiento que le hacen a las familias con niños rescatados por la institución, mediante diversas estrategias pedagógicas, científicas y legales, para evitar que retornen a la misma situación de vulnerabilidad.
Sanciones
La doctora Ravicini determinó que los padres que resulten sorprendidos enseñando a sus hijos a delinquir, a vender droga o mercancía, no permitida, serán objeto de sanciones, entre éstas quitarle la patria potestad, es decir, el derecho que tienen como padres, y podrían ser impuestos de un castigo de al menos dos años de prisión.
Aconsejó a los padres actuar de manera correcta.
Fotos: Richard Alexander Lameda
