Las elecciones de autoridades en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) se encuentran suspendidas desde mayo de 2010, debido a una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fue emitida un día antes de los comicios previstos que ya habían sido organizados por la comisión electoral central, conformada en gran parte por docentes.
El ente legal decidió la suspensión tras considerar que no se había acatado lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (2009), que sugiere la “igualdad de derechos políticos” entre los integrantes de la comunidad universitaria: docentes, administrativos, estudiantes, personal obrero y egresados, en la elección y nombramiento de sus autoridades.
Han transcurrido más de dos años y medio, y el caso interpuesto ante el TSJ por un grupo de empleados administrativos aún sigue en análisis. La máxima instancia jurídica del país ha emitido varios fallos, en la medida que los representantes la UCLA y otras universidades del país donde también han sido suspendidas las elecciones por la misma causa han introducido recursos para solicitar aclaratorias de las sentencias.
La UCLA, particularmente, alega que no es potestad de su consejo universitario elaborar y modificar el reglamento electoral, dado que el existente fue diseñado en consejo de ministros y aprobado por el Consejo Nacional de Universidades. A principios del mes en curso, la universidad recibió un nuevo dictamen de la Sala Electoral del TSJ, en el cual se ordena a la institución elaborar el reglamento y llamar a elecciones.
El rector Francesco Leone asegura que cumplió el ordenamiento al convocar una reunión del Consejo Universitario para informar sobre la sentencia y solicitar que se elaborara el reglamento electoral. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del órgano universitario consideraron que la acción es inconstitucional, de allí que se introdujo una solicitud de avocamiento ante la Sala Constitucional que se sumó a la posición de la UCV, UDO, Unexpo, ULA, entre otras.
“Actualmente estamos a la espera de la respuesta a esos recursos”, explica Leone, “creo que lo que diga esa sentencia se cumplirá y probablemente tendremos elecciones rectorales y decanales en el año 2013”.
El Rector espera que la respuesta se produzca lo más pronto posible para definir la situación de las autoridades universitarias en el país.
“Mi posición personal es que se cumpla el ordenamiento de la Sala Electoral con la elaboración del reglamento que debe ser sometido a una consulta pública, según el principio de participación establecido en la Constitución”.
Leone considera además que los fallos del TSJ se contradicen dado que por una parte insisten en la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en las elecciones, como lo dice la LOE, y por el otro ratifican a la comisión electoral central.
En caso de que se deba acatar la orden, habrá un lapso de 30 a 60 días para el registro de los egresados que deseen participar en las elecciones.
Foto: Archivo
