Desde el 2 de febrero de 1999, casi duplican el centener la sucesión de atropelllos constitucionales ocurridos en Venezuela.
Así lo expone el Dr. Asdrúbal Aguiar en su reciente libro Historia Inconstitucional de Venezuela, que analiza esos hechos en el curso de los 13 años.
“No he tenido tiempo para su bautizo”, dice el conocido intelectual y analista político cuando habla para los lectores de EL IMPULSO.
Con el apreciado y admirado catedrático del Derecho Público Allan Brewer Carías -desde el exilio- he compartido horas de trabajo para ordenar la sucesión de violaciones a la Constitución.
El denominador de estas graves alteraciones contra el texto constitucional es el reforzamiento indebido del poder presidencial.
Al respecto recuerda que Brewer Carías escribió el libro “Dismantling democracy in Venezuela, the Chavez Autoritarian Experiment” patrocinado por Cambridge University Press hace dos años.
Complicidad
Un golpe de Estado, explica, no sólo es un levantamiento o insurrección militar, como ocurrió el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
También lo es cuando el estamento militar asume neutralidad o se hace cómplice por omisión del acto ejecutado por un gobernante, el parlamento, o los mismos jueces supremos.
Las iniciativas golpistas a nuestra constitucionalidad -léase de nuestros derechos y libertades- han sido deliberadamente impulsadas desde el Palacio de Miraflores por su inquilino de circunstancia, Hugo Rafael Chávez Frías, desde el año final del siglo pasado y durante la primera década del presente.
Todas han sido apoyadas, sin reservas, acompañándolas u omitiendo, por distintos parlamentos, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Poder Electoral y el Poder Judicial, cooptados en su totalidad y sin matices por el gendarme Presidente bajo la mirada complacida de la Fuerza Armada.
Reconcentración de poder
El Dr. Aguiar señala que Chávez, al observar la mengua de su popularidad y la pérdida de sus candidatos en Táchira, Zulia, Carabobo y Miranda, así como en la alcaldía de Maracaibo y la alcaldía mayor de Caracas, la que en conjunto suma la mitad del electorado, ordena a la Asambea Nacional disponer, en lo inmediato, el dictado de una ley para reconcentrar en sus manos, como jefe de Estado, las competencias que los gobernadores y alcaldes de oposición detentan. El caso de la alcaldía mayor fue el más ominoso.
La inhabilitación previa de candidatos opositores y la persecución judicial como el desmantelamiento de las competencias de gobernantes electos para blindar más su poder ya omnímodo y abusivo, le permite así consumar su efectivo golpe a la Constitución.
Cuando pierde de modo manifiesto la mayoría del electorado durante las elecciones parlamentarias, pues la oposición obtiene el 52 por ciento de los votos, logra que se le asignen a ésta menos diputados que a su gobierno. Y a renglón seguido le exige a la Asamblea Nacional que lo habilite para legislar por decreto. Cumplen tal mandato sus diputados antes de abandonar las curules que pierden, decidiendo más allá del tiempo que les corresponde como mandato constitucional y sustrayéndole para parte del tiemp constitucional que, por decisión popular, es propio del nuevo cuerpo parlamentario electo.
El Estado total
El Tribunal Supremo de Justicia al iniciar su año judicial de 2011 se mostró leal al Presidente.
La pieza oratoria de ese día por parte de uno de los magistrados fue una declaración para que los jueces penales, civiles y administrativos persiguieran y sancionaran a los disidentes del socialismo a la cubana, expone el Dr. Aguiar.
Y al nomás comenzar el 2012, en circunstancia igual, otro magistrado supremo, en nombre de sus pares, aboga por el Estado total, apoyándose en las tesis del arquitecto jurídico del nazismo, Carl Schmitt.
Colapso moral
Para el analista lo más grave y desdoroso fue la destitución del presidente de la Sala Penal del TSJ, coronel Eladio Aponte Aponte, cabeza y contralor de la justicia penal venezolana.
Este magistrado, desnundado con cinismo inenarrable el colapso moral de la República, confiesa que bajo su mando los jueces persiguieron a los adversarios del gobierno y fueron condenados inocentes mediante testigos forjados.
Y revela que fueron perdonados narcotraficantes vinculados a las más altas esferas oficial y militar. Aún más, habló de la colusión semanal y sostenida entre los titulares del TSJ y del Ministerio Público con la vicepresidencia de la República, para ordenar la justicia según el dictado presidencial y atendiendo a las circunstancias políticas
Están tras las rejas un número importante de disidentes, por políticos unos y otros por capitalistas, en tanto que otros han sido empujados al ostracismo.
Plagio a la cubana
Después de horadar y burlar repetidamente el texto constitucional, obra de sus dictados a la Asamblea Constituyente y mediante golpes de Estado encubiertos, pero judicialmente purificados, logra la aprobación de su releeción ad perpetuam.
En sus años de gobierno, el Presidente ha venido dictando decretos que le han permitido modificar fácticamente la ingeniería constitucional en su vigor.
Su argumento de oportunidad y oportunista, dice el Dr. Aguiar, no es otro que la indispensable instalación de un modelo alternativo -distinto del constitucionalizado- que lo ha denominado Socialismo del siglo XXI.
Este es un plagio de la Constitución comunista cubana de 1976 ajustada en 1992 con una engañosa revolución bolivariana.
Insiste el autor de la obra en señalar la complicidad de las instituciones en los golpes de Estado de Chávez.
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