Lo ocurrido con la fragata “Libertad” de la armada argentina, que ha sido retenida en un puerto de Ghana a solicitud de las agencias que manejan fondos especulativos, conocidos como “fondos buitres”, con el fin de cobrar los fallos a su favor de una Corte de Nueva York por una suma cercana a los U$S 370 millones, debe servir de alerta a nuestro país, que también está amenazado de embargo por empresas internacionales, como la Conoco y la Exxon, las cuales adelantan juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, instancia a la que ya no pertenece Venezuela, pero que continúa dándole curso a los casos interpuestos ante ella.
En el momento en que se restructuró la deuda externa argentina, una pequeña porción no hizo parte de las negociaciones. Estos bonos fueron comprados a muy bajo precio para luego intentar cobrar vía judicial a precio de valor nominal. La detención de la fragata Libertad fue solicitada por NML Capital Limited de Elliot Management y Huntlaw Corporate Service, un grupo que representa legalmente a todo tipo de fondos de inversión.
Ghana es todavía hoy una suerte de enclave colonial inglesa en África y sede las multinacionales que operan en ese continente. Sus tribunales, que responden a las directrices de grupos de presión de la metrópoli y a los intereses de los bufetes demandantes, han detenido la embarcación a pesar de la inmunidad consagrada en el Derecho Internacional, que protege a los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales.
Hasta el momento, el Ejecutivo de Estados Unidos, por razones de carácter político, se ha manifestado en desacuerdo con la decisión del tribunal de Nueva York, lo que impide que bienes argentinos sean embargados en ese país. Por eso los agentes tenedores de los “bonos buitre” ha recurrido a modalidades y a acciones en territorios donde puedan concretar sus propósitos.
Es de esperarse que la Exxon y Conoco tengan el propósito de recurrir a un expediente semejante al utilizado contra la fragata LIbertad, de resultarles favorables, de manera fraudulenta, las decisiones del Ciadi. Desde ya estas empresas trabajan en esa dirección, pero no apuntan a propiedades del Estado protegidas por la Convención de Viena, sino hacia los bienes que se encuentren fuera de nuestro territorio. Y, no hay que olvidar que los tribunales de Nueva York, de Ghana y la Ciadi son mucho más dúctiles cuando se trata de la Exxon o Conoco, que ante las casas financieras que manejan los fondos ilegítimos de Argentina, la Capital Limited d y Huntlaw Corporate Service .
En la mira están los depósitos de petróleo en Curazao, Bonaire y Bahamas, con tanques de una capacidad de varios millones de barriles. También los doce tanqueros de nuestra flota y los embarques CIF (Cargo Insurance and Freight), sobre las cuales Pdvsa mantiene la propiedad hasta la entrega en destino final. Y, por supuesto, no escapan las cuentas de la petrolera nacional y el Banco del Tesoro en el exterior, en particular en Estados Unidos, Portugal y Francia.
Obviamente, una decisión de actuar sobre estas propiedades sería de carácter político, una agresión de los centros de poder mundial contra la soberanía nacional, difícil de ejecutar de una manera directa en el actual contexto mundial y latinoamericano. Pero el caso del buque escuela argentino muestra formas de provocación indirecta, que pueden y deben ser prevenidas.
#opinión: La fragata Libertad por: Leopoldo Puchi
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