El ministro del Interior y Justicia anunció este sábado la creación de una Inspectoría General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), con el fin de revisar la “eficiencia revolucionaria” que considera debe reinar en ese sistema, así como la conducta de sus responsables.
Así lo indicó en el marco de un acto realizado en el Teatro de la Academia Militar, a donde asistieron representantes de los 485 registros y notarías que existen distribuídos en todo el territorio nacional: 210 Notarías, 207 Registros Públicos, 47 Registros Mercantiles y 21 Registros Principales, precisó el funcionario.
«Buscamos una profunda transformación del sistema registral y notarial en el marco del II Plan Socialista Nacional Simón Bolívar 2013 – 2019, además de iniciar un debate en cuanto a la actuación de los registrados y notarios como servidores públicos», manifestó Reverol.
Explicó que esta Inspectoría funcionará con la integración de 25 equipos que se desplegarán por todo el país y harán inspecciones sorpresa para “verificar cómo se desarrollan las actividades inherentes a la función registral y notarial, pero especialmente, para verificar lo concerniente a la atención de los usuarios y usuarias».
Persecución penal
Además de la nueva instancia contralora, el titular del Interior señaló que el Ejecutivo nacional avanza en la profundización del esquema de automatización de estos servicios, con el fin de desarrollar una plataforma totalmente digital que pueda ser utilizada por los órganos de investigación criminal u otros organismos estatales.
“Estamos promoviendo la incorporación de los funcionarios en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, utilizando todo el sistema digitalizado y automatizado que permite ser una herramienta para la investigación criminal, especialmente, para la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo y legitimación de capitales. Asimismo, será un instrumento para las investigaciones que vinculan a ciudadanos dedicados al tráfico internacional de drogas”, señaló Reverol, quien no precisó bajo qué parámetros legales se utilizaría la información de los usuarios del Saren.
Foto: Archivo
