Planteamientos
El entramado institucional que a partir del año 1998 se configura, en atención al logro de la justicia social como valor supremo, muestra que el proceso de refundación del Estado que en esa época se acomete otorga una especial relevancia a la Gestión Pública, dada las medidas que en tal sentido se aprueban: Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de Planificación, Ley de la Función Pública, entre otras, etc. En comparación con las gestiones gubernamentales anteriores la actividad planificadora adquiere referencia constitucional y rango ministerial. Ello traduce una decisión firme de diseñar y ejecutar una Política Pública destinada a superar rasgos característicos presentes en el Sector Gubernamental, tales como: debilidad institucional e insuficiente articulación de los organismos entre sí y con los demás actores nacionales, regionales y locales.
Dicha Política, según la documentación oficial que se aprueba, exhibe como referentes centrales pautas del siguiente calibre: 1. Atención a las demandas de calidad de vida; 2. Desarrollo del consenso y la participación en la formulación y ejecución de las políticas públicas; 3. Incremento del uso del conocimiento en la gestión pública, con activa participación ciudadana; 4. Desarrollo de redes y capacidades asociativas; y 5. Desarrollo de la Tecnologías de Información y Comunicación, así como incremento de su impacto y de su potencialidad.
Independientemente de la situación de extrema conflictividad política y de graves desajustes económicos que vivió el país, con toda la secuela que dejó el golpe de Estado y los intentos de desestabilización posteriores al paro petrolero, lo cual generó avances y retrocesos en la instrumentación de dicha Política, con posterioridad se transita por un período de “relativa” estabilidad política y, en general, de un crecimiento económico sostenido, lo cual ha permitido asignar importantes recursos financieros y presupuestarios para atender la inmensa deuda social acumulada en el país, tanto por la vía de las Misiones, como por la vía de la gestión pública centralizada y descentralizada, en los ámbitos: Nacional, Estadal, Municipal y Comunal.
La pregunta de rigor, iniciándose un tercer período de gestión gubernamental, es la siguiente: ¿Cuánto, efectivamente, se ha avanzado en la construcción de la plataforma institucional requerida para la transformación del Sector Público?
La discusión que se promueve para la formulación del Segundo Plan Socialista, en medio de la reafirmación o no del poder constituyente representa un eslabón más en la cadena de apropiación social del conocimiento por parte de un grueso sector de la población identificada con el Gobierno, pero en el fondo, se salta la evaluación general del Plan anterior y, específicamente en lo que respecta al objetivo estratégico: “Transustanciar el actual aparato administrativo del Estado para adecuarlo al proceso bolivariano conforme a las demandas reales de la sociedad”, esto es, “construir un sector público al servicio del ciudadano y para erradicar la corrupción”. Los reiterados llamados a superar el burocratismo que en más de una oportunidad ha hecho el propio presidente y, más recientemente, su alusión al problema de la eficiencia en la gestión pública, no dejan dudas al respecto.
No obstante, luce como una medida exageradamente puntual, inmediatista, efectista e insuficiente, delegar en la Ministra para la Secretaría de la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República, aspectos inherentes al seguimiento y control de los proyectos gubernamentales en todo el país, dado el crecimiento hiperorgánico y la complejidad de un Estado paquidérmico y que en gran medida se sigue soportando en el tradicional modelo burocrático populista, ahora con el agregado cívico militar.
La experiencia muestra que la transformación del aparato administrativo del Estado es condición sine que non para hacer viable cualquier Proyecto Nacional. En tal sentido, el segundo Plan Socialista carece de un moderno soporte institucional. La refundación del Estado es cosa del pasado
