La oposición y los familiares de los «presos políticos» y exiliados venezolanos iniciaron un proceso de acercamiento con el Gobierno para lograr una amnistía del presidente Hugo Chávez, con la esperanza de que sea el punto de partida para dejar atrás los resquemores entre ambos bandos políticos.
La lista facilitada por la oposición a una comisión gubernamental encabezada por el vicepresidente Nicolás Maduro, incluye más de 100 nombres que podrían lograr el sobreseimiento de sus casos.
A continuación, los casos más emblemáticos de quienes son considerados como «presos políticos» -una condición que niega el Gobierno- y exiliados desde que Chávez asumió la presidencia en 1999:
MARIA LOURDES AFIUNI
La jueza Afiuni fue detenida en diciembre del 2009 luego de haber otorgado libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, acusado de presunta corrupción al operar en el mercado de dólares regulados.
La noche siguiente a su detención, en cadena nacional de radio y televisión Chávez la llamó «bandida» y demandó la pena máxima: 30 años de cárcel.
Afiuni, de 48 años, fue conducida a los calabozos del servicio de inteligencia y luego a una cárcel de mujeres, donde según denunció recientemente fue golpeada con saña, violada y obligada a abortar.
La jueza indicó que a raíz de las fuertes golpizas que recibió en prisión, se le tuvo que extraer el útero y unos miomas en la axila y el seno.
La ministra encargada del sistema penitenciario, Iris Varela, calificó la denuncia de Afiuni de «vil patraña».
Desde febrero del año pasado, Afiuni cumple arresto domiciliario mientras su juicio se dilata mes tras mes.
IVÁN SIMONOVIS Y LOS ACUSADOS DE PUENTE LLAGUNO
Un explosivo enfrentamiento entre opositores y seguidores del presidente Hugo Chávez en abril del 2002, condujo al breve golpe de Estado contra el mandatario y dejó una veintena de fallecidos en una fatídica jornada conocida como «los sucesos de Puente Llaguno».
Por los homicidios alrededor del puente, a sólo 200 metros del Palacio presidencial de Miraflores, fueron detenidos el entonces secretario de Seguridad de Caracas, Iván Simonovis, junto con ocho funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, entre ellos los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero.
Tras un dilatado juicio, en abril del 2009, Simonovis, Vivas y Forero fueron condenados a 30 años de prisión.
Simonovis, de 51, lleva ocho años preso en una pequeña celda de cuatro metros cuadrados en los calabozos del servicio de inteligencia donde su salud se ha deteriorado progresivamente.
En diversas cartas públicas el ex comisario ha pedido su traslado a una clínica ya que tiene indicios de osteoporosis por la escasa luz natural que recibe.
El año pasado, a Forero y Vivas se les otorgó prisión domiciliaria por razones humanitarias.
RAÚL BADUEL
Ministro de Defensa de Chávez entre 2006 y 2007 y Comandante General del Ejército entre 2004 y 2006, Baduel, de 57 años, encabezó la operación cívico-militar que restituyó en el poder al mandatario socialista tras el breve golpe de estado en su contra en el 2002.
Sin embargo, siete años más tarde Baduel fue arrestado por agentes de la inteligencia militar por supuestas sospechas de corrupción. En el 2010 fue condenado a ocho años de cárcel por apropiación de millones de dólares como ministro.
Baduel acusó a los ministros que lo precedieron del manejo de este dinero y aseguró que su encarcelamiento se produjo por oponerse a la reforma constitucional planteada por Chávez en el 2007 y que, finalmente, no fue aprobada por el pueblo.
PEDRO CARMONA
Empresario, economista y ex presidente del mayor gremio empresarial del país, Fedecámaras. Tras fuertes protestas comandadas por este gremio en abril del 2002 y el golpe de Estado contra Chávez, Carmona asumió como presidente de facto por un día.
Su primer decreto fue la derogación de la Constitución de 1999 aprobada por Chávez y la disolución de todos los poderes públicos, hechos vistos con malos ojos por la población.
Diversos gobiernos de la región no reconocieron su autoridad y al día siguiente, tras una operación cívico-militar, Chávez recobró el poder llegando desde una isla del Caribe donde lo mantuvieron preso.
Carmona, de 71 años, fue encarcelado por «rebelión civil» y luego puesto bajo arresto domiciliario, de donde escapó a la embajada de Colombia, país que luego le otorgó el asilo.
En Colombia se desempeña como docente de diversas universidades.
MANUEL ROSALES
De larga data en la arena política, Rosales ha sido dos veces alcalde del municipio de Maracaibo y gobernador del estado más poblado del país, Zulia.
Fue el principal adversario de Chávez en las elecciones del 2006, pero finalmente derrotado por el militar retirado con una ventaja de 23 puntos porcentuales.
Tras el revés, Rosales se postuló a la alcaldía de Maracaibo, en Zulia, y fue nuevamente elegido. Sin embargo, un año más tarde, en el 2009, abandonó clandestinamente el país y solicitó asilo político en el Perú luego de que se le abriera un proceso judicial por enriquecimiento ilícito.
En diversas oportunidades Rosales, de 59 años, ha dicho que antes de ser juzgado ya el tribunal tenía preparada la sentencia condenándolo a 30 años de prisión y calificó el proceso como «una venganza política de Chávez».
Durante la campaña presidencial del 2006, el mandatario lo amenazó varias veces con meterlo preso y lo calificó de «mil veces desgraciado», «bandido», «corrupto» y «ladrón».
LOS MILITARES DE LA PLAZA ALTAMIRA
En octubre del 2002 -como preludio del recordado paro petrolero que dejó miles de millones de dólares en pérdidas- unos 14 militares se sublevaron en una plaza de un rico distrito de Caracas.
Los militares, que meses antes habían estado implicados en el golpe de estado contra Chávez, se declararon en desobediencia civil y llamaron a la insurrección contra el mandatario.
La toma fue apoyada por algunos políticos opositores y día a día más militares se unieron a la protesta hasta alcanzar unos 120 oficiales, entre activos y retirados.
El alzamiento no armado duró varios meses y terminó cuando un pistolero, que luego fue identificado y encarcelado, inició una balacera al azar matando a cinco personas entre civiles y militares.
La mayoría de estos oficiales se encuentran exiliados en Costa Rica y Estados Unidos.
TRABAJADORES DE PDVSA
En diciembre del 2002, días después de que se creara una mesa de diálogo para poner fin a las protestas que iniciaron a principios de año, la oposición, Fedecámaras y trabajadores de la industria convocaron a un paro petrolero por 24 horas.
Sin embargo, la huelga -que exigía la renuncia de Chávez- se mantuvo por dos meses paralizando la vital industria petrolera venezolana con millonarias pérdidas.
Chávez acudió a ex trabajadores de la estatal PDVSA para que hicieran funcionar nuevamente la empresa, lo cual se logró hacia fines de año, debilitando la huelga.
En enero Chávez logró el control total de PDVSA y despidió a 15.000 empleados por «sabotaje».
El saldo final llega a más de 30.000 trabajadores de la industria -entre directos e indirectos- despedidos.
Tras la huelga, diversos trabajadores fueron acusados y conminados a pagar millonarias multas. Muchos de ellos emigraron a Estados Unidos y algunos a España.
DIRECTIVOS DE ECONOINVEST
Llegó a ser la principal casa de bolsa del país, en gran parte por contar entre sus clientes a la mayor firma de la nación, la estatal PDVSA.
Fue intervenida en el 2010 y sus cuatro jóvenes directivos arrestados acusados de comercialización ilícita de divisas luego de que el Gobierno desmantelara un mercado paralelo de divisas operado por corredurías que vendían y compraban deuda venezolana en el mercado secundario para obtener dólares, dentro del marco legal.
Cuando el dólar paralelo inició un alza descontrolada en el conocido mercado de «permuta», que puso presión sobre la inflación, Chávez juró que «les daría en la madre a los especuladores». Así, se reformó la Ley de Ilícitos Cambiarios, convirtiendo este mercado en un hecho ilegal.
La defensa de Hernán Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel, ha alegado que no existe un delito pues cuando Econoinvest operaba en el mercado permuta, este era legal. La Fiscalía ha contraatacado argumentado que usurparon la identidad de sus clientes para hacer operaciones.
Han estado recluidos dos años en los calabozos de la inteligencia nacional y aún no arrancó su juicio.
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