En la sede del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana, un grupo de invasores pertenecientes al consejo comunal Canaán, de Agua Viva, en el municipio Palavecino, se reunieron con el coronel Richard Óscar Morales Medina, (oficial superior), quien en compañía de Vladimir Gutiérrez, fiscal tercero municipal del estado Lara, fungía de mediador en el conflicto suscitado en dicho sector, con la toma del conjunto residencial Los Jabillos.
La invasión efectuada el pasado sábado en horas de la mañana y desalojada por efectivos de este organismo el mismo día en horas de la noche, ha provocado reacciones tanto en los propietarios y contratista de la obra, como del grupo invasor.
En la reunión que se llevaría a cabo al mediodía de ayer, se escucharía la versión de quienes trataron de ocupar la propiedad y quienes, posteriormente, alegaron que se trataba de una medida de presión para la construcción de viviendas en el asentamiento donde ya están instalado, en las áreas verdes del conjunto residencial donde una calle los separa de los complejos habitacionales establecidos.
Tanto Morales como Gutiérrez explicaron que ellos sólo serían un factor mediador en el conflicto, y se esperaría los estudios y revisiones por parte de organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para ver si la calle que se encuentra dentro de dicha residencia compone parte del bien adquirido por los propietarios de las residencias o es una propiedad pública. En todo caso, dicho estudio permitirá la continuidad del cierre de la residencia con el portón que da acceso o provocará su apertura.
Además, según algunas declaraciones hechas por los ocupantes, existen títulos de propiedad en manos de invasores que pierden sustento ya que, para la construcción de dichos apartamentos, se requieren permisos de diferentes instituciones públicas que avalan la propiedad de la constructora para desarrollar los proyectos habitacionales. Quedará en manos de organismos competentes determinar la autenticidad de los documentos y sobre quién recae la razón de este conflicto.
Según lo explicado por algunos ocupantes, en la invasión de las áreas verdes habitan un total de 300 familias. Se pudo conocer que una de las medidas que podría adoptarse es un censo de los habitantes de dicha invasión para desarrollar proyectos comunales que mejoren la calidad de vida de quienes no tienen techo.
Foto: Archivo/Ángel Zambrano
