Después de la llegada inesperada de 32 familias a las residencias Los Jabillos, en Agua Viva, municipio Palavecino, quienes reclamaban el terreno donde siguen construyéndose los inmuebles a cargo de una constructora privada, retornó la calma, después del desalojo que llevó a cabo la Guardia Nacional el sábado en la tarde-noche.
Llegaron al acuerdo de respetar la propiedad y, en lugar de la toma, se dispongan a agotar los canales regulares para demostrar los supuestos derechos sobre la extensión de tierras. Cabe recordar, que el viernes 30 de noviembre, hombres y mujeres del ámbito, se instalaron en el área del estacionamiento del conjunto residencial alegando que era propiedad del Estado.
Por su parte los representantes de la constructora a cargo de las residencias Los Jabillos, aclararon a través de los medios de comunicación, que tienen los documentos en regla, por lo tanto, “no existe ninguna estafa”, para la tranquilidad de los propietarios.
El ingeniero Francisco Rodríguez, al frente de ACR Proyectos C.A, destacó la “impecable” trayectoria de la empresa constructora que desde hace dos años y medio, tramitó todos los permisos y solvencias pertinentes.
Lo mismo aportó el ingeniero Yupatmaru Castellano, residente de la obra y socio de la empresa, quien lamentó el desconocimiento del grupo de personas que participaron de la invasión, pero sobre todo, repudió el abuso de la propiedad privada y “el atropello contra los propietarios de los apartamentos: personas que también pusieron su esfuerzo para comprar un inmueble digno”.
Mientras tanto, Yambeliz Castellano, asesora jurídica, como ACR Proyectos C.A, resaltó el hecho de que “sin los documentos en regla ningún banco hubiese aprobado el crédito (como fue el caso del banco Bicentenario Banco Universal) y tampoco contaríamos con el respaldo de la Alcaldía y demás organismos donde consignamos legalmente todos los trámites
¿Dónde queda el derecho de los propietarios?
Los propietarios de los apartamentos quienes ya, incluso, tienen listos sus planes de mudanza. Se trata de una vistoza infraestructura que consta de cuatro edificios pequeños, con una arquitectura moderna y es financiada por si fuera poco por un banco del Estado.
Ayer y, hasta tanto siga la amenaza de volver a invadir el lugar, permanecerá el cordón de seguridad de la Guardia Nacional.
Los habitantes de la zona, aseguraron que -por primera vez-sucede una situación de ese tipo y si bien reconocen que buena parte de las familias viven hacinadas, por cuanto habitan hasta tres generaciones en un mismo espacio, es el Estado quien debe proveerlos de casas.
El consejo comunal Canaán estuvo al frente de la ocupación y fue el mismo que censó a las 32 familias para darle solución habitacional, sólo que la medida fue extrema y desencadenó el rechazo en toda la comunidad.
De hecho, hubo miembros de Agua Viva que se quejaron de la falta de consulta con el resto de los residentes.
El Código Penal vigente señala claramente a la invasión de propiedad como un delito.
De allí que las autoridades enviarán a desalojar a las personas que intentaron apoderarse de los inmuebles aún por culminar o en su fase final de construcción.
Fotos: Ángel Zambrano
