El Gobierno de Colombia introducirá una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que revise o interprete el fallo sobre límites marítimos con Nicaragua, que otorgó al país centroamericano buena parte de las aguas que rodean el archipiélago caribeño de San Andrés.
La información la aportó el exprocurador general e integrante del equipo de abogados del Estado, Carlos Gustavo Arrieta, quien dijo que la salida del Pacto de Bogotá no exime a Colombia de cumplir la sentencia.
Explicó que la interpretación, como opción más viable, consiste en solicitar a la Corte que tome en cuenta aspectos que no se plantearon durante el proceso, concluido el 19 de noviembre con una sentencia salomónica tras la demanda presentada por Nicaragua en 2001.
Las decisiones del tribunal de la ONU «se limitan a lo que las partes han pedido (durante el proceso), pero no estudia lo que no se ha pedido», dijo, al aclarar que la CIJ «se pronunció en materia limítrofe, pero no sobre derechos de los habitantes, vigilancia y seguridad y protección ambiental».
Lo evidente, según Arrieta, es que la retirada colombiana del Pacto de Bogotá no implica el desacato del fallo y por eso está obligada a cumplirlo.
Además, esa retirada no será efectiva hasta dentro de un año y en este periodo Colombia «podría recibir demandas».
Por eso solo se puede resolver el problema con Nicaragua «de forma amigable», según el abogado, para quien «los tratados son muy claros».
Aún así, advirtió que Nicaragua «también tiene un problema, independientemente de que tenga una sentencia a favor».
La razón es que «mientras Colombia no haya formulado un acatamiento formal (Nicaragua) va a tener dificultades» porque «no va a ser capaz de asumir responsabilidades ambientales y de seguridad en la zona», entre otras.
Foto archivo
