Chile es el país que mejor cumple con las leyes y el que más garantías procesales y fundamentales da a sus ciudadanos en América Latina, mientras que Venezuela es el peor, según el informe de una organización estadounidense, World Justice Project, difundido este miércoles.
Uruguay se sitúa en segundo lugar y Brasil en tercero, a partir de nueve criterios que la organización independiente aplicó a 97 países, por tercer año consecutivo.
Brasil destaca en particular porque es el país que mejores resultados estadísticos arroja dentro del denominado grupo Brics de países emergentes, conformado además por Rusia, India, China y Sudáfrica.
En términos de cumplimiento del Estado de Derecho, América Latina presenta un panorama muy contrastado, parecido al de la brecha entre ricos y pobres, señala World Justice Report, una iniciativa del Colegio de Abogados estadounidense financiada por fundaciones privadas.
América Latina tiene algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, en especial los relacionados con el narcotráfico.
Cerca del 30% de los ciudadanos de República Dominicana reportan haber sufrido un robo en algún momento de sus vidas, pero solamente un 20% de los autores de esos robos son juzgados y condenados, destaca un gráfico del informe.
En Guatemala, solamente un 1% de los ladrones son condenados, en Venezuela el mismo porcentaje, en México no llega al 4%.
La media en los países en desarrollo en el mundo de ladrones juzgados y condenados ronda el 18%.
«Las investigaciones criminales en la mayoría de la región son ineficaces», critica el texto.
De los 97 países examinados, los latinoamericanos aparecen con una media de 72 en materia de orden y seguridad, de 63 en términos de justicia civil, 68 en justicia criminal.
En el plano de las libertades públicas, como de expresión o de asociación, «a pesar de los recientes movimientos de apertura y libertades políticas (…) las instituciones públicas de la región siguen siendo frágiles».
Sin embargo, Chile aparece entre los 25 mejores países en todo el mundo en seis de los nueve parámetros que identifica la organización.
Sus índices de criminalidad son elevados, pero la efectividad del sistema judicial también lo es.
Colombia, un país que sufre un conflicto civil, aparece en el número 95 de los 97 países examinados en materia de orden y seguridad. Pero al mismo tiempo «sobrepasa a la mayoría de países latinoamericanos en cuanto a la aplicación de las leyes» y la transparencia gubernamental.
Brasil se sitúa en el puesto 35 en cuanto al balance de poderes, pero la percepción de impunidad entre funcionarios públicos «es fuente de preocupación», explica el texto.
México se sitúa en el número 32 en cuanto a transparencia gubernamental, pero en el 74 en cuanto a corrupción. Su sistema de justicia criminal es de los menos fiables, en el puesto número 91.
Argentina tiene un buen balance en materia de protección de los derechos y el sistema judicial es relativamente accesible, pero «enfrenta muchos retos en varias dimensiones del Estado de derecho», con escasa transparencia gubernamental, interferencia política en los juzgados y creciente criminalidad.
Venezuela se sitúa al final de la lista, número 88 en materia de corrupción, 90 en crimen y violencia, pero además presenta «serios problemas» a la hora de garantizar la libertad de opinión, de expresión o de propiedad.
Para el informe, en su tercera edición, World Justice Project entrevistó a 97.000 personas y a más de 2.500 expertos en todo el mundo.
