Colombia decidió retirarse del tratado a través del cual reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de que ese tribunal cedió a Nicaragua una extensa y rica zona marítima en el Caribe administrada por Bogotá, anunció el miércoles el presidente Juan Manuel Santos.
Si bien expertos advirtieron que con ese procedimiento Colombia no puede evadir el fallo del principal órgano judicial de Naciones Unidas, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, buscaría evitar decisiones futuras de ese tribunal
en su contra ante eventuales nuevas demandas por parte de países vecinos.
«He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia», dijo Santos en un acto de Gobierno.
«Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los estados no deben quedar en manos de una corte, sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los estados mediante tratados», precisó.
Santos reveló que Colombia denunció el Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, un acuerdo internacional suscrito el 30 de abril de 1948 que impone la obligación a los países signatarios de reconocer la jurisdicción de la CIJ y de buscar la solución concertada a los conflictos.
Colombia no ha acatado el fallo de la Corte Internacional y anunció que analiza interponer recursos jurídicos de aclaración o una revisión.
Aunque la CIJ le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico, principalmente pesquero y petrolero.
El tribunal modificó como frontera entre los dos países el meridiano 82, lo que amplió a Nicaragua su jurisdicción en el Caribe.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, de acuerdo con analistas y expertos, una decisión contraria a los tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional.
Analistas y expertos han advertido que si Colombia decide no acatar el fallo, podría crear tensión en la región por el respaldo que recibiría Nicaragua de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Otras naciones que decidieron desconocer la jurisdicción de la CIJ son Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, de acuerdo el mandatario colombiano que aseguró que su país seguirá buscando soluciones pacíficas a las disputas internacionales.
