Los diputados Ismael García, Carlos Ramos y José A. España vinieron ayer a Barquisimeto para solidarizarse con el trabajo que viene haciendo el Comité de Víctimas y comprometerse a lograr que tanto organismos nacionales como internacionales establezcan responsabilidades en el caso de las masacres y asesinatos cometidos en esta región y no han sido todavía esclarecidos.
Los parlamentarios se reunieron con los familiares de algunas de las víctimas y, luego, en el Hotel Príncipe dieron una rueda de prensa.
García comenzó por referirse a lo dicho por Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien, en la Comisión de Política Interior, se refirió a la minuta de una presunta reunión que habrían efectuado funcionarios de alta responsabilidad del gobierno regional para asesinar a policías, utilizando delincuentes.
Declaró que se trata de denuncias infundadas e irresponsables, por cuanto lo que presentó el parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue una fotocopia de dos hojas.
A pesar de la irresponsabilidad de Carreño de no mostrar una denuncia bien documentada, se aprobó llevar a cabo una investigación, sostuvo.
Aprovechando esa circunstancia, García dijo que había pedido a Carreño intervenir en el debate en torno a las atrocidades cometidas por las autoridades policiales cuando Jesús Armando Rodríguez Figuera era jefe de la Policía de Lara, durante la gestión de Luis Reyes Reyes en la gobernación del estado.
Pero, cuando Carreño interrogó al presidente de la Comisión, éste manifestó que nunca se había recibido denuncias de Lara.
Eso ocurrió hace dos semanas y fue entonces cuando los diputados se pusieron en contacto con el Comité de Víctimas, decidiendo venir este lunes para recibir testimonios.
Por todos los casos registrados en Lara nunca se hizo una investigación y el gobierno nacional no asumió responsabilidades, por lo menos para evaluar lo que estaba ocurriendo.
García afirmó que tanto Jesse Chacón (hoy encuestólogo del gobierno) como Carreño (exministro de Relaciones Interiores cuando Rodríguez Figuera era jefe de la Policía de Lara), deben responder sobre las actuaciones de este militar activo, quien fue premiado al ser ascendido a general por el Presidente de la República.
Igualmente señaló que Chacón conocía las relaciones estrechas que existían entre Rodríguez Figuera y el narcotraficante Farid Feris Domínguez, preso en Colombia.
No recibió los cuatro millones de dólares que dijo que le habían ofrecido, sino que no actuó.
El Presidente dice que no sabe algunas cosas porque no se le informan, pues ya lo sabe.
Dijo que Carreño es un manipulador, tramposo y mentiroso, que sabía de las violaciones a los derechos humanos en Lara.
García manifestó que conocía bien el caso de la muerte del hijo de Víctor Martínez, Mijail, y de la lucha que éste ha hecho para que se haga justicia. Ahora tiene mayor información del Comité de Víctimas y, por lo tanto, junto con los otros diputados ya mencionados se dirigirá no sólo a las instancias nacionales sino internacionales.
Ejecutivo Nacional impidió
En la rueda de prensa estuvo la señora Franca Giuliani, madre de una joven que murió a consecuencia del acoso sexual por parte de un funcionario policial, hecho del cual se cumplieron diez años y sobre el cual no se ha hecho justicia, según manifestación de la declarante. Dijo que cuando Henri Falcón asumió la gobernación del estado, se comprometió con el Comité de Víctimas a depurar la Policía, a fin de que quienes estaban señalados en hechos delictivos fueran expulsados del cuerpo policial y sometidos a juicio, una vez comprobada su responsablilidad.
Él empezó muy bien. Pero, en el proceso de depuración, se metió con los asesinos que tenía Rodríguez Figuera. Luego, a través de Reyes y del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, llegó a la Comandancia de la Policía una orden -y yo me responsabilizo de esa información porque fui trabajadora de esa institución- en la cual al gobernador y al comandante se le prohibía destituir funcionarios policiales incursos en delitos sin la debida autorización del citado organismo nacional.
Impunidad y afectación de las familias
Víctor Martínez hizo una extensa explicación de cómo fue asesinado su hijo, Mijail, de cuyo caso se cumplieron precisamente ayer tres años; pero, todavía no han sido investigados los presuntos autores intelectuales, a pesar de que sus nombres fueron dados a conocer por los asesinos materiales, dos de los cuales se encuentran presos y uno está prófugo.
Luego intervino Carlos Eduardo López. Dijo que los homicidios por parte de la delincuencia han ido creciendo.
Pero, lo más grave, resaltó, es que se mantiene la impunidad, ya que de cada cien casos, solamente cinco son conocidos por los tribunales y terminan con individuos condenados.
El 95 por ciento termina sin investigaciones, inconclusos, sin respuestas.
Una de las mayores preocupaciones de los miembros del Comité de Víctima es la falta de respuestas, no sólo en las instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público, sino de las graves afectaciones siquiátricas, sicológicas y clínicas que produce cada asesinato. Cada vez que matan a una persona arrasan con una familia.
Fotos: Simón Alberto Orellana